Auditores revelaron irregularidades en el manejo de fondos en la gestión de Gonza en San Lorenzo
El juicio contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; el ex secretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás; y el actual concejal Aldo Dalmiro Gonza continuó este miércoles con las declaraciones de los contadores que realizaron la auditoría externa solicitada por el actual jefe comunal, Manuel Saravia.
Los profesionales expusieron ante el tribunal sobre el análisis de los ejercicios presupuestarios municipales correspondientes a 2018 y 2019 y advirtieron que su trabajo se vio seriamente limitado por la falta de documentación respaldatoria en la sede comunal.
Durante sus testimonios señalaron que detectaron irregularidades en los procedimientos de contratación y una “clara discrecionalidad” en el manejo de las compras públicas. Según explicaron, no se respetaban los mecanismos establecidos por la Ley 8072 de Procedimientos de Contrataciones, que exige licitación pública, publicidad oficial y competencia entre oferentes para garantizar transparencia en el uso de los fondos. Los auditores también hicieron referencia a la adquisición de distintos bienes —entre ellos una camioneta Chevrolet, televisores, estufas y tablets— que habrían sido comprados sin cumplir con la normativa vigente. Indicaron que las operaciones se realizaban mediante un sistema informal de vales, que permitía registrar salidas de dinero sin documentación que acreditara el destino de los fondos.
En uno de los puntos más relevantes de su exposición, señalaron que la camioneta adquirida mediante este sistema no había sido dada de alta en el patrimonio municipal ni figuraba dentro del parque automotor.
Agregaron que mediante vales también se habían pagado un equipo de GNC, reparaciones, repuestos y combustible para ese vehículo. Incluso detectaron vales emitidos para la compra de neumáticos de rodados que no pertenecían a la Municipalidad.
Los contadores también advirtieron que durante la auditoría no pudieron acceder a reportes bancarios y remarcaron la inexistencia de una trazabilidad documental de los recursos que ingresaban y salían del municipio, algo que consideraron esencial para la rendición de cuentas en la administración pública.
Según detallaron, de manera paralela al sistema informal de vales se emitían órdenes de pago —el circuito formal— pero sin facturas ni comprobantes que respaldaran los gastos.
Otro de los puntos observados estuvo vinculado con el manejo de planes sociales.
De acuerdo a los auditores, el municipio recibía fondos nacionales destinados a programas específicos, pero no se realizaba la correspondiente rendición del dinero ni existían comprobantes que acreditaran su utilización.
Estas irregularidades, indicaron, ya habían sido señaladas previamente por la Sindicatura General de la Provincia. En conclusión, los profesionales afirmaron que durante los períodos auditados el municipio de San Lorenzo no contaba con un circuito formal de rendición de fondos.
En la causa, los hermanos Gonza y el exsecretario de Hacienda Guaymás están imputados por delitos contra la administración pública. Ernesto Fernando Gonza enfrenta cargos como autor de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que Aldo Dalmiro Gonza está imputado por peculado en calidad de partícipe necesario.
El debate se desarrolla ante un tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarello. La fiscal Claudia Geria representa al Ministerio Público Fiscal, mientras que la Municipalidad de San Lorenzo actúa como querellante a través de los abogados Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez.
La defensa de Guaymás está a cargo de Juan Diego Herrera y la de los hermanos Gonza es ejercida por Roberto Tomás Aranda y Ariel Vázquez.