Australia limitará las inscripciones de estudiantes internacionales
Australia ha decidido imponer un límite al número de nuevos estudiantes internacionales que aceptará a partir de 2025, con el objetivo de reducir la migración a niveles previos a la pandemia.
Esta medida, anunciada por el gobierno australiano, ha generado un intenso debate en el país, especialmente en la industria de la educación superior.
El país, conocido por ser uno de los mayores destinos para estudiantes internacionales, limitará las nuevas inscripciones a 270,000 para 2025. Esta cifra representa una reducción significativa en comparación con los 402,600 estudiantes que se inscribieron en 2023, según datos del Departamento de Educación.
Cada institución de educación superior en Australia tendrá una restricción individual sobre el número de estudiantes extranjeros que puede aceptar.
Esta nueva política ha generado críticas en la industria educativa, donde algunas universidades han calificado la medida como un acto de “vandalismo económico”. A pesar de esto, el gobierno defiende la decisión, argumentando que mejorará la calidad del sector educativo y ayudará a gestionar mejor los problemas de migración.
Australia alberga actualmente a unos 717,500 estudiantes internacionales, según cifras del gobierno a principios de 2024. De este total, un número considerable proviene de países latinoamericanos como Colombia, Brasil, Chile, México y Perú. En particular, en 2022, se registraron 28,437 estudiantes colombianos y 24,554 brasileños en Australia.
Medidas contra el fraude educativo
El ministro de Educación, Jason Clare, reconoció que la pandemia de Covid-19 afectó gravemente al sector educativo, con estudiantes extranjeros que fueron enviados de regreso a sus países de origen debido a los estrictos controles fronterizos de Australia. Ahora, con un 10% más de estudiantes internacionales en las universidades en comparación con antes de la pandemia, Clare advierte sobre el aumento de estafas en la industria educativa.
“Los estudiantes han vuelto, pero también los estafadores”, afirmó Clare, quien explicó que algunas instituciones educativas están aceptando estudiantes sin las habilidades lingüísticas necesarias, ofreciendo una educación de bajo nivel, o inscribiendo a personas cuyo verdadero objetivo es trabajar, no estudiar.
Impacto en la economía y en el sector educativo
La nueva política también busca abordar los niveles récord de migración en Australia, que han exacerbado problemas de vivienda e infraestructura. Según Clare, las inscripciones en universidades públicas se reducirán a 145,000 en 2025, un número similar al de 2023. Mientras tanto, las universidades privadas y otras instituciones de educación superior no universitarias podrán aceptar a 30,000 nuevos estudiantes internacionales, y las plazas en instituciones de formación y educación vocacional estarán limitadas a 95,000.
No obstante, los proveedores de educación superior critican la medida, argumentando que están siendo utilizados como “chivos expiatorios” para los problemas de migración y vivienda del país. La educación internacional generó 24,700 millones de dólares para la economía australiana en el período 2022-2023, convirtiéndose en la cuarta mayor exportación del país. Un estudio económico reciente advierte que los nuevos límites podrían costarle a la economía australiana 4,100 millones de dólares y provocar la pérdida de 22,000 empleos para 2025.
Reacciones y perspectivas
Vicki Thomson, directora ejecutiva de un organismo que representa a algunas de las universidades más prestigiosas de Australia, calificó las leyes propuestas de “draconianas” e “intervencionistas”. Por su parte, Clare admitió que algunos proveedores de servicios educativos podrían enfrentar decisiones presupuestarias difíciles, pero rechazó la idea de que la medida perjudique al sector.
“Crear la impresión de que esto está de alguna manera destruyendo la educación internacional es absoluta y fundamentalmente erróneo”, concluyó Clare. A pesar de las críticas, el gobierno australiano sigue firme en su decisión, priorizando la sostenibilidad y calidad del sector educativo a largo plazo.