Avanza la reforma para reutilizar vehículos del delito y evitar que permanezcan años abandonados
Un grupo de legisladores presentó un proyecto para modificar la Ley 7.838 de secuestro de bienes con el objetivo de reducir los plazos para asignar vehículos incautados en causas por delitos complejos a organismos del Estado. La iniciativa busca fortalecer áreas de seguridad, salud e investigación, evitando que los rodados permanezcan durante años en depósitos judiciales.
El diputado por Anta, Juan Pablo Cuéllar, explicó en el programa Hora de Voces, por FM Ya 91.3, los alcances del proyecto de ley que impulsa junto a legisladores de distintos departamentos del interior para reformar la Ley Provincial 7.838, que regula el destino de los bienes secuestrados en causas judiciales.
La propuesta apunta a agilizar el procedimiento para que vehículos utilizados en organizaciones criminales puedan ser destinados al servicio del Estado antes de que transcurran los dos años que actualmente establece la normativa.
“Hoy vemos comisarías y predios convertidos en verdaderos cementerios de vehículos. Lo que fueron herramientas para cometer delitos pueden transformarse en recursos para prevenirlos“, sostuvo el legislador.
Menos tiempo de espera y uso público de los vehículos
Cuéllar explicó que la reforma incorpora la figura de la “afectación de uso público“, permitiendo que determinados vehículos secuestrados tengan la posibilidad de reutilizarse por organismos estatales, siempre respetando las garantías del proceso penal y el derecho de propiedad.
Según indicó, esos rodados podrían destinarse a fuerzas de seguridad, tareas de investigación criminal o incluso a servicios sanitarios, como el trabajo de los agentes sanitarios en el interior provincial.
El diputado aclaró que la iniciativa no alcanza a cualquier vehículo secuestrado por infracciones comunes.
“No es que por una alcoholemia te secuestran el auto y al otro día lo usa la Policía. El proyecto está pensado para bienes vinculados a delitos complejos y organizaciones criminales“, remarcó.
Reuniones con la Corte, la Procuración y Seguridad
Como parte del trabajo previo al tratamiento legislativo, los impulsores del proyecto mantuvieron reuniones con el ministro de Seguridad, la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, y el procurador general, Pedro García Castiella.
Cuéllar señaló que desde la Corte valoraron que el tema se haya incorporado a la agenda legislativa y explicaron los avances que vienen desarrollando en materia de administración de bienes secuestrados y subastas electrónicas.
Por su parte, desde la Procuración informaron que trabajan en una propuesta similar, inspirada en experiencias ya implementadas en provincias como Tucumán y Jujuy, donde los procedimientos para la utilización de estos bienes resultan más ágiles.
Una demanda surgida del interior
El legislador aseguró que el proyecto nació a partir de necesidades concretas detectadas en distintos departamentos de la provincia.
Como ejemplo mencionó la situación del departamento Anta, donde la División de Policía Rural debe cubrir una extensa superficie con recursos insuficientes.
“La Policía Rural tiene que patrullar una zona muy amplia y muchas veces cuenta con un solo vehículo. De esas realidades surge este proyecto, no de un escritorio“, afirmó.
La iniciativa fue elaborada junto a los diputados Carlos Jorge (Cerrillos), Edgar Domínguez (San Martín), Nicolás Taibo (Rosario de Lerma), Raúl Vargas (San Carlos), Ernesto Tapia (La Poma), Emmanuel Ayón (Chicoana), Fabio López (Molinos) y Fabián Valenzuela (Oran), entre otros legisladores del interior.
El tratamiento legislativo quedó en espera
Cuéllar confirmó que el proyecto ya ingresó formalmente a la Legislatura e incluso estaba previsto para tratarse en una sesión anterior. Sin embargo, los propios autores solicitaron postergar el debate hasta contar con las opiniones técnicas de la Corte de Justicia y de la Procuración General.
Aunque esos dictámenes no serán vinculantes, sostuvo que permitirán enriquecer la discusión parlamentaria y garantizar una herramienta legal que pueda aplicarse de manera eficiente.
“Queremos una ley seria, construida con quienes después tendrán que hacerla operativa. El trabajo tiene que ser interinstitucional para lograr una herramienta útil y eficiente”, concluyó.