Buscan políticas públicas para combatir los crímenes de odio contra los pueblos originarios
En un contexto de preocupantes retrocesos en materia de políticas que hagan frente a la violencia irracional que sufren mujeres y disidencias indígenas, y la creciente demanda por justicia y reparación histórica, el Senado provincial analiza un proyecto de ley que busca institucionalizar políticas públicas para combatir los crímenes de odio contra pueblos originarios.
La iniciativa, impulsada por el senador de Iruya, Walter Cruz, lleva más de dos años en debate dentro de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, y podría tener pronto dictamen favorable, y con ello una importante ventana en esta lucha que lleva demasiados años.
El punto de partida del proyecto fue abordar una práctica atroz y persistente en el Chaco salteño y discutida en cuanto a su denominación: el “chineo” para designar las violaciones sistemáticas a niñas y mujeres indígenas, especialmente wichí. A lo largo de los años, la propuesta fue ampliándose con aportes de organismos de derechos humanos y organizaciones indígenas, y hoy contempla la creación de un órgano gubernamental que releve los casos, asista a las víctimas y promueva políticas preventivas.
Cabe recordar que la situación alcanza el máximo de visibilidad, a partir de la Declaración del 3er Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas x el Buen Vivir, el 25 de mayo de 2022 en Chicoana, ante la presencia de cientos de mujeres y disidencias indígenas en donde se difundió una declaración en la que dio un “ultimátum al Estado argentino para la abolición del chineo” y exigió que esta práctica criminal, racista y colonial sistémica”, sea declarado crimen de odio Además se exigió que sea declarado imprescriptible, que se “procese, condene a policías, gendarmes y/o militares que violen a las niñeces indígenas”; que funcionarios públicos y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas que sean ejecutores de estas prácticas o sean cómplices o facilitadores sean juzgados y condenados.
En diálogo con Nuevo Diario, Cruz explicó: “No es otra cosa que un crimen de odio, una literal violación que ocurre contra mujeres, niñas, adolescentes e incluso contra varones en situación de vulnerabilidad. Son prácticas que muchos años se naturalizaron, por barreras idiomáticas, culturales, geográficas. Hoy hablamos de una ley que tiende a sensibilizar, a educar y prevenir. Las hermanas indígenas deben saber que hay justicia que quiere escucharlas”.
El proyecto también contempla la intervención del Ministerio Público Fiscal en causas civiles, para garantizar que las víctimas puedan reclamar reparaciones económicas al Estado. “Cuando suceden casos graves, como el de la chiquita wichí violada o la maestra asesinada por defenderla, nos rasgamos las vestiduras. Pero el único que se hizo cargo fue el Senado”, apuntó el legislador, en referencia a Edith Antonia Román, joven de 17 años violada y asesinada brutalmente en diciembre de 2024.
El femicidio que sacudió a toda la comunidad La Estrella
La noche del 12 de diciembre, Edith salió con su prima hacia la comunidad La Estrella. Horas más tarde, su cuerpo fue hallado sin vida, con signos de una violencia extrema: fracturas, golpes y heridas defensivas. La autopsia confirmó que fue abusada sexualmente y luego ahogada. Por el crimen fueron detenidos su cuñado y dos primos, uno de ellos menor de edad. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Santa Victoria Este, pero la familia denuncia lentitud y abandono institucional.
Reynaldo Román, padre de Edith y cacique de la comunidad de Betania, expresó en diálogo con Nuevo Diario, su dolor y su lucha permanente, aún en medio de la oscuridad: “Son más los implicados y la justicia aún no actúa. Nadie de la fiscalía se comunicó conmigo. No voy a parar hasta que todos paguen por lo que le hicieron a mi hija”, dijo y resaltó el debate sobre este proyecto en el Senado provincial: “en nuestra zona es muy triste conocer que hay muchos casos de mujeres que han sido violadas. A veces la familia denuncia, pero no nos escuchan, nadie nos hace caso, así que nuestras inquietudes quedan trabadas. Es útil y es importante una ley para que no haya más violencias contra las mujeres indígenas. Me apunto yo para apoyar y dialogar en cualquier momento con algunos de los senadores”.
Una ley para no callar más
La histórica referenta indígena feminista salteña Irene Cari dialogó con Nuevo Diario y subrayó que el proyecto “trae justicia ante la violencia racista y sexista” que han sufrido históricamente las mujeres indígenas, y que sigue presente de manera estructural. “Este proyecto tiene una transición desde el avance de los derechos de las mujeres y las luchas de los movimientos feministas e indígenas. Pero, sobre todo, intenta dar respuesta a una práctica que arrastra siglos de colonización y desidia estatal”, expresó. Remarcó que Salta es una de las provincias con mayor proporción de población indígena del país, y que esa realidad impone la necesidad de políticas públicas con perspectiva intercultural, que reconozcan y reparen las múltiples formas de violencia que sufren las mujeres originarias. Aunque celebró la iniciativa legislativa, Cari lamentó que no se haya convocado a las mujeres indígenas para construir el proyecto desde sus propias voces y experiencias. Recordó que hicieron llegar observaciones y críticas a una primera redacción, pero que hubiera sido “fundamental” que el texto fuera trabajado por alguna mujer originaria, como la senadora Coya que hoy forma parte de la Cámara.