Cacerolazos en Buenos Aires en repudio a la represión de la marcha de jubilados
Vecinos de diversos barrios se manifiestan contra la violencia y represión policial en el Congreso tras la marcha en defensa de los jubilados.
La violenta represión policial durante la manifestación de jubilados e hinchas de fútbol en las inmediaciones del Congreso Nacional desató una ola de cacerolazos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana, en señal de protesta y solidaridad con los afectados.
Tras la difusión de imágenes y testimonios sobre los incidentes ocurridos en la marcha, vecinos de barrios como Colegiales, Villa Crespo, Ramos Mejía, Caballito, Avellaneda, Palermo y Lugano salieron a sus balcones y calles para expresar su descontento mediante cacerolazos.
Estas manifestaciones espontáneas también se replicaron en ciudades del interior del país, evidenciando un amplio rechazo al accionar de las fuerzas de seguridad.
La convocatoria a estas protestas se realizó principalmente a través de redes sociales, donde distintos sectores políticos y sociales, incluyendo a la exdiputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, llamaron a la ciudadanía a manifestarse contra la represión.
Concentración frente al Congreso
Horas después del inicio de los cacerolazos, cientos de personas se congregaron frente al Congreso Nacional para continuar con la protesta. Los participantes expresaron su rechazo al accionar de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Policía de la Ciudad, que intervinieron con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma para dispersar la manifestación de jubilados e hinchas de fútbol.
La marcha, organizada por jubilados que exigían mejoras en sus pensiones y apoyada por hinchas de diversos clubes de fútbol, culminó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Estos incidentes dejaron al menos 45 heridos y más de 120 detenidos.
Entre los heridos se encuentra el fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo tras el impacto de una granada de gas lacrimógeno y fue intervenido de urgencia.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó el accionar policial y anunció que los detenidos podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel bajo una nueva ley antimafia.
Estas declaraciones han generado aún más indignación entre diversos sectores de la sociedad, que consideran desmedida la respuesta gubernamental frente a una protesta social.
Reacciones políticas y sociales
La represión y las posteriores manifestaciones han incrementado la tensión política en el país. Organizaciones de derechos humanos, sindicatos y partidos de la oposición han condenado enérgicamente la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y han exigido una investigación exhaustiva de los hechos.
Por otro lado, el Gobierno ha defendido su postura, argumentando que la intervención policial fue necesaria para mantener el orden público ante actos de violencia y vandalismo por parte de algunos manifestantes.
Sin embargo, la magnitud de las protestas y el amplio rechazo social evidencian un clima de creciente descontento y polarización en la sociedad argentina.
Fuente: Ámbito Financiero