Cachi: una comunidad diaguita denunció un nuevo avance judicial sobre su territorio ancestral
La Comunidad Diaguita Calchaquí Finca El Potrero presentó una denuncia penal y pidió anular una resolución que reconoció la posesión veinteñal de un inmueble a las familias Miranda y Cruz. Cuatro familias originarias viven actualmente en el lugar.
La Comunidad Diaguita Calchaquí Finca El Potrero, de Cachi, volvió a denunciar un conflicto por tierras que considera parte de su territorio ancestral. El 24 de septiembre presentó una denuncia penal y pidió la nulidad del expediente. El trámite reconoció a los herederos de las familias Miranda y Cruz la posesión veinteñal de la matrícula 1006 de Cachi. En este sentido, el Juzgado Civil y Comercial de 10ª Nominación dictó la resolución el 7 de julio de 2026. El fallo estableció la prescripción “con los límites y medidas que surgen del plano de mensura N° 415 a partir del 6 de agosto de 1994”.
La comunidad sostiene que cuatro familias diaguitas habitan actualmente ese inmueble. Además, afirma que el lugar forma parte de un territorio reconocido por el INAI como espacio de uso ancestral. El conflicto tiene un antecedente desde 2004. En aquel momento, el Juzgado Civil y Comercial de 9ª Nominación reconoció una posesión veinteñal a la familia Garnica sobre el mismo sector. Ante un posterior intento de desalojo, la comunidad cuestionó la medida y logró que la Justicia reconociera sus derechos ancestrales. La nueva resolución surgió de una demanda que las familias Cruz y Miranda iniciaron contra los Garnica.
Los integrantes de Finca El Potrero afirmaron que conocieron la decisión cuando los supuestos poseedores se presentaron en el territorio. Según relataron, les comunicaron que debían comenzar a pagar un arriendo. Ante la situación, la comunidad sostiene que la medida vuelve a poner en riesgo la permanencia de las familias originarias. Además, cuestionó la información utilizada para acreditar la posesión y afirmó que quienes obtuvieron el reconocimiento judicial nunca ocuparon realmente las tierras.
La comunidad cuestionó los informes utilizados durante el proceso
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la forma en que los responsables del expediente describieron a las familias originarias. Según la denuncia, los actuales supuestos poseedores sostuvieron que quienes viven ancestralmente en el lugar eran “medieros”. Esa condición implicaría trabajar la tierra y entregar parte de la producción como pago.
Para este punto, la comunidad rechazó esa caracterización: “Han usado un informe que nos tiene por medieros cuando saben que jamás ha sido esa nuestra condición, sino que somos ancestrales poseedores de este lugar”.
Con la representación de la abogada Patricia Olivera, los denunciantes también cuestionaron el uso de informes que consideran falsos y señalaron actuaciones irregulares de jueces de Paz. Según sostuvieron, esas actuaciones habrían permitido ocultar su presencia y evitar que participaran del proceso. Por ese motivo, calificaron lo ocurrido como una presunta “estafa procesal”.
Los habitantes sostienen que un desalojo sería “materialmente imposible” por la existencia de viviendas centenarias, ganado y un cementerio comunitario. “No hay manera de que exhumemos tanto cadáver de nuestro cementerio, ni saquemos el ganado criado y acostumbrado en el lugar, desarmemos viviendas centenarias”, plantearon.