Calculan un déficit mayor a tres mil viviendas para alquileres
Por FM Ya (91.3) el presidente de la Cámara Inmobiliaria Juan Martín Biella, indicó que a raíz de la Ley de Alquileres alrededor de tres mil viviendas abandonaron el mercado locatario, lo que profundiza el déficit habitacional en Salta.
Biella expresó por Hora de Voces (FM Ya 91.3) que la cuestión inmobiliaria tiene dos ramas principales: comercial y vivienda. En lo comercial, informó que hay una gran recuperación, pasando de tener el 21% de locales vacíos a tener el 5%. Esta recuperación se la adjudicó al crecimiento económico y al tener reglas más claras en ese tipo de locación.
En cambio, las viviendas son más complicadas. “Ante la inseguridad que generaba la Ley de Alquileres, muchos pasaron la propiedad a la venta. Yo calculo que cerca de 3 mil inmuebles han salido del mercado locativo al de venta, lo que produjo una deuda”, dijo.
El índice de la vivienda con el que se calcula el aumento de acuerdo a la Ley de Alquileres aumentó cerca de 75 puntos, por lo que un alquiler de 40 mil pesos podría rondar los 70 mil; lo que es mucho para el inquilino pero poco para el propietario entendiendo que la inflación es de más del 100%. Cabe remarcar que por la Ley de Alquileres los contratos duran tres años y los aumentos se dan cada 12 meses.
A esa situación se le suma la cantidad de viviendas, sobre todo monoambientes, que han pasado a alquilarse únicamente para turismo, aumentando aún más la falta de oferta ante la gran demanda.
Ante este déficit, Salta es una de las provincias con alquileres más caros del norte, empatando con Jujuy y teniendo un aumento del 20 o 30% con respecto a Tucumán.
En ese sentido, Biella remarcó que las zonas más caras de Salta son el centro y la zona norte; y lo más económico se encuentra en la zona sur.
Como propuestas para mejorar la situación, sostuvo que algo positivo de la Ley de Alquileres es la instrumentación del alquiler social, que obliga a los Estados a realizar políticas públicas, y consideró que podría trabajarse en la intervención de la Defensoría del Pueblo y en la creación de un seguro de Garantía Social para los inquilinos.