Salta

Camila Jorge cuestionó el sorteo del IPV y apuntó contra Aurelia Córdoba

La concejal, Camila Jorge, de Rosario de Lerma puso en duda la participación de una funcionaria pública en el sorteo de 93 viviendas y cuestionó la situación por considerarla poco ética. También recordó un proyecto que había presentado para impedir que funcionarios participen de estos procesos.

Camila Jorge volvió a referirse al sorteo de las 93 viviendas del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizado en Rosario de Lerma. La concejal sostuvo que el procedimiento dejó dudas e interrogantes que deberían ser aclarados.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por la edil está relacionado con la adjudicación de una vivienda a una funcionaria pública. Jorge consideró que la situación resulta poco ética y planteó interrogantes sobre la participación de dirigentes políticos en este tipo de convocatorias.

En ese sentido, recordó que había presentado un proyecto de declaración para prohibir que los funcionarios públicos participen de las instancias de adjudicación del Instituto Provincial de Vivienda. Además, señaló una presunta contradicción en el caso de Aurelia Córdoba, al remarcar que la concejal oficialista había acompañado esa iniciativa y posteriormente se postuló para acceder a una vivienda.

Sergio Ramos respondió y defendió el procedimiento del IPV

La discusión se produjo luego de que el intendente de Rosario de Lerma, Sergio “Topo” Ramos, rechazara los cuestionamientos surgidos tras el sorteo. En una publicación realizada en su cuenta oficial de Facebook, el jefe comunal sostuvo que recibió numerosas críticas y negó cualquier participación del municipio en el proceso.

Ramos afirmó que todas las etapas estuvieron a cargo del Instituto Provincial de Vivienda y remarcó que el procedimiento se realizó públicamente. Según explicó, las autoridades del organismo fueron quienes verificaron que los postulantes cumplieran con los requisitos establecidos por la normativa.

El intendente reconoció que el resultado podía generar malestar entre las familias que esperaban acceder a una vivienda, especialmente por la participación de dirigentes políticos. Sin embargo, sostuvo que la eventual habilitación de un funcionario debe analizarse dentro del marco legal correspondiente y que cada participante debe asumir las consecuencias de su decisión.

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