Campesinos del chaco salteño reclaman ante desalojos
Daniel Burgos, referente del Frente Nacional Campesino en Morillo, advirtió que las gestiones ante autoridades provinciales todavía no tuvieron respuestas concretas. La organización pide una ley que reconozca a los poseedores históricos de las tierras y busca la reubicación de la familia Cabral.
La amenaza de desalojos y una sequía que encarece y dificulta la pequeña producción llevaron a representantes de familias campesinas del Chaco salteño a realizar gestiones en la capital provincial.
Daniel Burgos, referente del Frente Nacional Campesino (FNC) que reside en Morillo, aseguró a Nuevo Diario que hasta el momento no obtuvieron soluciones concretas y reclamó medidas que permitan sostener la vida y el trabajo en el territorio.
“Presentamos notas al gobernador y hasta ahora no hay respuesta. La nota estaba en el Ministerio de Producción, pero no había avance”, afirmó.
Según explicó, los representantes mantienen conversaciones con diputados y senadores, mientras esperan ser escuchados por el Poder Ejecutivo.
Uno de los pedidos centrales es la modificación del artículo 9 de la Ley provincial 7.658 para suspender actuaciones judiciales que impliquen el desalojo de familias rurales y pequeños productores comprendidos en los supuestos de posesión previstos por el Código Civil y Comercial.
Sin embargo, Daniel Burgos sostuvo que esa medida debe formar parte de una respuesta más amplia.
“Vemos que es como un parche nada más. Necesitamos una ley que nos proteja directamente, que nos reconozca como poseedores históricos”, expresó. Para el referente, la discusión debe contemplar las condiciones en las que las familias permanecen en el Chaco salteño y desarrollan su actividad productiva.
“Lo que hacemos, lo hacemos con nuestro propio sacrificio, con nuestro propio esfuerzo, y así estamos subsistiendo”, sostuvo al describir las dificultades para acceder a la tierra, al agua limpia y a la asistencia estatal.
Gestiones por la familia Cabral
La preocupación se profundizó con la situación de la familia Cabral, que debe abandonar el terreno que ocupa a unos 20 kilómetros de Coronel Juan Solá, en el marco de una causa por reivindicación iniciada por la comunidad wichi Lewetes La Cortada.
En la audiencia del 9 de octubre, las partes acordaron la salida del inmueble hasta el 16 de noviembre a las 12.
El acuerdo fue homologado por la Justicia y contempla el lanzamiento con la fuerza pública si no se cumple con la fecha establecida.
Burgos confirmó que el FNC mantiene gestiones ante diputados para que la familia sea reubicada en otro terreno. “Seguimos hablando con los diputados con la posibilidad de una reubicación para la familia Cabral, para que no queden a la deriva”, señaló.
Aclaró, no obstante, que todavía no existe una solución definida. “No queremos adelantar nada porque no hay nada concreto. Se sigue trabajando”, indicó.
La familia depende de la cría de animales y, según manifestó Raúl Cabral, no cuenta con recursos para comprar tierras ni con otro lugar donde trasladar su vivienda y su producción.
Sequía y mayores costos para producir
A la incertidumbre por la tierra se suma la falta de agua. Burgos describió lluvias escasas y desiguales, con sectores que no recibieron precipitaciones. Explicó que las inundaciones registradas al sur de Morillo respondieron al ingreso de la crecida del río Bermejo y no a lluvias que aliviaran la sequía.
“Muy cruel está la sequía”, resumió.
Para dar agua a los animales, señaló que recurren a la extracción desde pozos mediante motores, lo que obliga a afrontar gastos de combustible de manera sostenida.
Ante este panorama, el FNC solicitó al gobernador Gustavo Sáenz asistencia para familias de los departamentos Rivadavia y General San Martín.
Los pedidos incluyen forraje, kits veterinarios, limpieza y desbarre de represas, pozos y acarreo de agua.
La organización también reclamó el acondicionamiento de rutas provinciales y caminos vecinales, necesarios para acceder a servicios de salud y educación y para desarrollar la producción y el comercio. Otro de los planteos es la implementación de un plan eficiente contra el abigeato en ambos departamentos.
Burgos sostuvo que continuarán las gestiones y que podrían prolongar su permanencia en la capital si no consiguen respuestas. “Queremos soluciones, no queremos irnos con las manos vacías y sin respuestas”, remarcó.