Caso Gonza: contador imputado cuestiona la investigación por presuntas irregularidades

En el marco del juicio oral que se desarrolla contra exfuncionarios de la Municipalidad de San Lorenzo, el exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, defendió su actuación durante la gestión del exintendente Ernesto Fernando Gonza, y cuestionó tanto la denuncia que dio origen a la causa como las auditorías presentadas durante el proceso judicial.

El contador se encuentra imputado por los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real, en una causa que también tiene como acusados al propio Gonza y al concejal Aldo Dalmiro Gonza. El proceso judicial se inició a partir de una denuncia presentada en 2020 por el actual intendente de la comuna, José Manuel Saravia Arias, tras la realización de auditorías sobre la gestión municipal correspondiente a los años 2018 y 2019.

Durante una entrevista en FM Ya La Radio Tevé, Guaymás sostuvo que tanto él como los demás imputados enfrentan el proceso bajo una fuerte presión pública. “Nos vemos casi condenados por jurados de la opinión pública, no por jurados designados. En los medios se instala la idea de que fue la administración municipal más fraudulenta”, afirmó.

El exfuncionario también cuestionó el funcionamiento institucional en el contexto del proceso. “Estamos convencidos de que vivimos en un Estado democrático con división de poderes, pero eso no es verdad. La suma del poder es evidente. El Ejecutivo es controlado por el propio Ejecutivo y todo está direccionado”, expresó.

Cuestionamientos a la auditoría y al proceso judicial

Guaymás centró gran parte de sus críticas en las auditorías utilizadas como base para la denuncia. Según indicó, el informe presentado por los auditores privados contiene errores técnicos y conclusiones que -a su entender- no se ajustan a la realidad administrativa del municipio.

Uno de los puntos señalados por la auditoría fue que la Municipalidad de San Lorenzo no contaba con un sistema contable formal. Frente a esa afirmación, el exsecretario sostuvo que el municipio utilizaba el Sistema Integrado de Administración Municipal (SIAM), una herramienta informática implementada por el gobierno provincial para registrar operaciones contables y presupuestarias.  

“El informe dice que la municipalidad no cuenta con un sistema contable y, en el punto siguiente, reconoce que se utiliza el sistema SIAM. Es un sistema instaurado por la provincia que requiere autorizaciones especiales y permite registrar toda la información presupuestaria”, explicó.

Asimismo, rechazó las versiones que indicaban que se habían eliminado archivos informáticos al finalizar la gestión. “El sistema es inviolable. No se puede decir que se borraron archivos o que no estaba la información”, aseguró.

Debate sobre manejo de fondos y las deudas municipales

Otro de los ejes de la investigación judicial está relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y en los procedimientos de contratación durante la gestión municipal anterior.

Los auditores que declararon en el juicio señalaron que encontraron escasa documentación respaldatoria y detectaron la existencia de un sistema informal de “vales” para la salida de fondos, además de compras realizadas sin cumplir plenamente los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

En ese sentido, mencionaron adquisiciones como una camioneta Chevrolet, televisores, estufas y tablets, que -según indicaron- no habrían seguido los procesos de contratación previstos en la legislación provincial. También afirmaron que no existía un circuito formal de rendición de fondos, lo que dificultaba la trazabilidad de los recursos municipales.

Guaymás rechazó esas conclusiones y afirmó que las contrataciones se realizaron conforme a la normativa vigente. Según explicó, en el caso de la camioneta cuestionada, la compra se efectuó mediante un sistema de comparación de precios y con una asignación específica de fondos nacionales.

También cuestionó que la auditoría no haya identificado faltantes concretos de dinero. “Una auditoría financiera debería revisar la contabilidad y determinar si está correctamente registrada. El informe habla de razonabilidad y de aspectos de gestión, pero no detecta faltantes”, señaló.

La discusión por el presupuesto municipal

El exsecretario de Hacienda también se refirió al conflicto institucional que existió durante 2019 entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante en torno a la aprobación del presupuesto.

Según explicó, ese año se produjo una transición normativa vinculada a la aplicación de la Carta Orgánica municipal, que establecía nuevos criterios para la asignación de recursos al cuerpo legislativo. En ese contexto, el presupuesto presentado por el Ejecutivo no fue aprobado inicialmente por los concejales.

Guaymás aseguró que el proyecto fue presentado el 30 de noviembre de 2018 y que posteriormente se elaboró una segunda propuesta en marzo de 2019, que finalmente obtuvo aprobación. “Hubo negociaciones porque el Concejo entendía que debía contar con mayores recursos. Esa discusión generó demoras en el proceso”, indicó.

La discusión sobre las deudas municipales

Otro de los puntos señalados en el juicio es el supuesto estado financiero comprometido en el que se encontraba la comuna al finalizar la gestión anterior.

Guaymás negó que la administración de Gonza haya dejado una deuda significativa. Según explicó, la auditoría de transición realizada por la Auditoría General de la Provincia no habría detectado irregularidades relevantes ni realizado recomendaciones en ese sentido.

“El informe de transición no detecta nada irregular. Si hubiera habido irregularidades, el organismo tenía la facultad de denunciarlo”, sostuvo.

Además, explicó que uno de los puntos mencionados como deuda correspondía a un plan de pago con la Dirección General de Rentas que -según indicó- se originó en gestiones municipales anteriores.

“Cuando asumimos encontramos un plan de pagos anterior que había caducado. En 2019 fuimos a Rentas para refinanciar esa deuda y acordamos un plan en seis cuotas. La última vencía el 10 de diciembre de ese año”, explicó.

Críticas al contexto político del proceso

En otro tramo de la entrevista, Guaymás cuestionó el clima político que rodea al juicio y afirmó que, a su entender, existen intereses que condicionan el proceso.

“Cuando en el medio está la política o las familias tradicionales, estamos casi condenados de entrada”, afirmó.

También expresó críticas hacia los testimonios brindados durante las audiencias por el intendente Saravia y por el concejal Juan Pablo Dávalos, quienes figuran como denunciantes en la causa.

Según Guaymás, algunas de las declaraciones realizadas en el juicio contienen “mentiras” sobre el funcionamiento administrativo del municipio durante la gestión anterior.

El desarrollo del juicio

El juicio oral se desarrolla ante un tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarello.

La acusación está a cargo del Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Claudia Geria, mientras que la Municipalidad de San Lorenzo interviene como querellante en el proceso.

Durante las audiencias ya declararon los auditores que elaboraron el informe contable utilizado como prueba en la causa y también los denunciantes, entre ellos el actual intendente Saravia y el expresidente del Concejo Deliberante.

En las próximas jornadas se prevé la continuidad de la etapa testimonial y la incorporación de nuevas pericias contables. El tribunal deberá evaluar los elementos de prueba presentados por las partes para determinar si existieron irregularidades en la administración de los recursos públicos durante la gestión municipal investigada.

Mientras el proceso avanza, Guaymás insistió en su inocencia y cuestionó que el caso haya llegado a juicio. “Desde que se inició la causa todavía no tengo una condena, pero estoy sentado en el banquillo cuando ni siquiera sé si debería estar aquí”, concluyó.