Caso YPF: La Jueza Preska exige datos sobre activos estatales a Argentina
Loretta Preska impuso al Gobierno argentino la entrega de información sobre bienes y activos del Estado. Además Argentina busca evitar la entrega de comunicaciones personales y dispositivos de funcionarios.
La jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, ordenó al Estado argentino entregar datos relativos a activos estatales en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La solicitud argentina apuntaba a ceñir el proceso de discovery únicamente a bienes que pudieran ser ejecutables. Sin embargo, la jueza la rechazó y determinó que los requerimientos sean más amplios.
Este revés se suma a otro reciente, en el que Preska ya había negado un pedido argentino que buscaba evitar la entrega de comunicaciones personales y dispositivos de funcionarios, tanto actuales como anteriores.
La Procuración del Tesoro calificó las resoluciones como erróneas y comunicó que evalúa vías legales para impugnarlas dentro de la estrategia de defensa del país.
El proceso de discovery es clave en esta causa. Permite a los demandantes acceder a documentación e información relevante para probar posibles embargos o el vínculo entre el Estado y YPF.
En este escenario, el Gobierno había apelado a la jurisprudencia del caso NML Capital, en el que la Corte Suprema de EE.UU. reconoció límites al alcance del discovery sobre activos argentinos. Sin embargo, la jueza consideró que ese precedente ya fue analizado y no justificaba una reconsideración.
Se espera que el jueves 4 de septiembre se realice una audiencia de seguimiento en Nueva York. En ella podrían definirse próximos pasos y posibles medidas de prueba adicionales. Mientras tanto, la defensa argentina mantiene firme su intención de agotar todos los recursos legales disponibles para proteger los intereses nacionales.
La causa por YPF sigue abierta y el juicio, iniciado por la expropiación de 2012, incluye demandas multimillonarias. Además, esta orden judicial se suma a otros fallos contra Argentina, como la exigencia de entregar el 51 % de las acciones estatales de YPF.
Fuente: Ámbito Financiero