La diputada provincial por Orán, Carolina Ceaglio, enfrenta una fuerte crisis política tras la difusión de un video en el que, durante una visita a Bolivia, promovió el acceso a servicios públicos de la provincia de Salta para ciudadanos del vecino país.
El material audiovisual, publicado por el medio FM La Mega Bermejo, muestra a la legisladora detallando cómo los ciudadanos bolivianos pueden acceder a hospitales públicos, programas educativos y realizar gestiones a través de su oficina en Orán.
Sus declaraciones, que generaron indignación tanto entre funcionarios como en la ciudadanía, se producen en un contexto especialmente sensible: hace apenas unos pocos meses, la Legislatura salteña sancionó una ley impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz para garantizar el cobro de prestaciones de salud a extranjeros no residentes, una medida que Ceaglio respaldó con su voto.
El video que la contradice
En el video, Ceaglio no realiza ninguna aclaración sobre las limitaciones o requisitos legales para que extranjeros puedan acceder a los servicios públicos salteños.
Tampoco menciona la reciente normativa que establece el pago obligatorio para los no residentes. Muy por el contrario, la diputada alienta de forma abierta y sin matices a ciudadanos bolivianos a utilizar recursos de salud y educación pública, sin ningún tipo de restricción.
El material fue grabado por el propio medio boliviano durante la entrevista que dio a medios locales, por lo que difícilmente pueda ser acusado de manipulación o edición maliciosa, como más tarde sugirió la legisladora en su defensa.
Una defensa débil e inconsistente
Tras la viralización del video y las repercusiones que tuvo, Ceaglio emitió un comunicado oficial el 28 de abril donde calificó las críticas como “interpretaciones erróneas y falsas”.
Afirmó que su compromiso “siempre ha sido con los vecinos de Orán” y que su viaje no tuvo como objetivo comprometer recursos de la provincia ni del país. También recordó su voto a favor de la ley de cobro a extranjeros.
Sin embargo, su explicación no logró despejar las dudas.
El contraste entre sus palabras en Bolivia y su comunicado en Salta es evidente. Mientras en el exterior ofrecía los servicios públicos salteños como un beneficio libre y accesible, en su descargo intenta presentarse como defensora del patrimonio provincial.
La falta de una autocrítica sincera o de una retractación clara terminó por reforzar la percepción pública de que la diputada incurrió en una grave contradicción entre sus actos y su discurso.
Impacto político
El escándalo se produce en plena campaña electoral, ya que Ceaglio busca renovar su banca en la Cámara de Diputados provincial.
El episodio no solo golpea su imagen pública, sino que también la expone a cuestionamientos internos dentro de su propio espacio político, donde crecen las voces que reclaman más coherencia y responsabilidad frente a temas sensibles como el acceso a los recursos públicos.
Además, la polémica se da en un momento en el que en la frontera norte existe una fuerte preocupación por el uso de los servicios de salud y educación por parte de ciudadanos extranjeros no residentes, en detrimento de los recursos destinados a los salteños.
Hasta el momento, la legisladora no ofreció una rectificación completa de sus dichos ni anunció cambios en su accionar político. La controversia sigue abierta.
“En Aguas Blancas hay más votantes que habitantes”
La polémica sobre el acceso de extranjeros a los servicios públicos de Salta también puso en evidencia un problema aún más sensible: las irregularidades en los padrones electorales en las zonas de frontera.
Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, advirtió en declaraciones a FM Profesional que en esa localidad hay “aproximadamente 5.000 habitantes, pero el padrón electoral supera los 6.000 votantes”.
Sostuvo que durante los últimos años se otorgaron documentos argentinos de manera irregular, permitiendo que numerosos ciudadanos bolivianos accedieran no solo a beneficios sociales sino también al derecho a votar en elecciones provinciales. Incluso, afirmó que algunos figuran en registros como personas con discapacidad “sin los debidos controles”.”
La justificación de la intervención en Aguas Blancas es justamente depurar los padrones.