Centros de Diálisis declararon el estado de alerta y preocupa la salud de pacientes carenciados
La Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta (CEPRIDIASA) declaró el estado de alerta sanitaria ante una fuerte deuda acumulada por parte del Estado.
El tesorero de la entidad, Roberto Turco, explicó a Nuevo Diario que la crisis responde a múltiples factores, pero tiene como eje principal la falta de pago por parte del Ministerio de Salud Pública a los prestadores privados que atienden a pacientes sin cobertura.
“Estamos a mediados de marzo de 2026 y la provincia no nos paga los tratamientos desde junio del 2025. Eso hace que sea imposible la continuidad del servicio”, afirmó.
Según detalló, los centros privados brindan atención a pacientes carenciados y a beneficiarios de programas como Incluir Salud, que dependen exclusivamente del sistema público para acceder a la diálisis. En total, se estima que hay alrededor de 125 pacientes en esta situación en toda la provincia.
El impacto de la crisis ya comenzó a evidenciarse con el cierre de un centro en General Güemes, que dejó de funcionar tras no poder sostener los costos operativos.
“Era imposible continuar con la prestación, porque no podía solventar ni siquiera la compra de insumos”, señaló Turco.
La situación, advirtió, podría repetirse en otros puntos de la provincia. De hecho, confirmó que al menos dos centros en la capital dejarán de atender a pacientes con cobertura estatal a partir del 1 de abril, lo que afectará a unas 32 personas que deberán ser derivadas al Hospital Arturo Oñativia.
“Los centros lo que hacen es cortar el servicio y derivar a los pacientes, porque no pueden sostener financieramente una deuda de nueve meses. Ya no hay más financiamiento posible”, sostuvo.
En ese sentido, indicó que las instituciones agotaron todas las alternativas disponibles para continuar operando, incluyendo créditos bancarios, planes de pago impositivos y el uso de recursos propios.
“No queda más. Entonces la solución es dejar de prestar ese servicio que el Estado no paga”, explicó.
La advertencia sanitaria
El problema, sin embargo, trasciende lo económico. Turco advirtió que la interrupción de los tratamientos de diálisis implica un riesgo directo para la vida de los pacientes.
El tratamiento de diálisis es esencial para personas con insuficiencia renal crónica, ya que reemplaza la función del riñón. Los pacientes deben someterse a sesiones de aproximadamente cuatro horas, tres veces por semana, conectados a una máquina que depura la sangre.
La situación se vuelve aún más crítica en el interior de la provincia, donde se concentra más del 50% de los pacientes y donde no existen alternativas suficientes dentro del sistema público.
Además, subrayó las dificultades logísticas que implica garantizar el tratamiento en zonas alejadas.
“No es solo sentarlo en un sillón. Hay que ir a buscarlo, trasladarlo, dializarlo y devolverlo a su domicilio. Hay lugares a más de 100 kilómetros, con caminos complicados y ríos crecidos”, describió.
Desde CEPRIDIASA indicaron que la problemática fue expuesta formalmente ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde se presentó documentación que acredita el impacto directo de la crisis. En ese ámbito, legisladores manifestaron su preocupación por el riesgo que enfrenta el sistema.
El comunicado oficial de la entidad advierte que “la situación se ha vuelto insostenible” y que, de no mediar una respuesta urgente, la prestación del servicio podría tornarse inviable en toda la provincia.
Finalmente, Turco señaló que, hasta el momento, no han recibido respuestas concretas por parte de las autoridades sanitarias.
“La urgencia es sanitaria. Después veremos cómo se paga la deuda, pero hoy el problema es qué hacemos con los pacientes”, concluyó.