Centros de diálisis reclaman definiciones tras el cierre de IOSFA
La publicación del Decreto 88/2026 en el Boletín Oficial, que dispuso la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), encendió señales de alarma en el sector prestador de salud.
La Comisión Directiva de la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta y Jujuy (CEPRIDIASA) expresó su preocupación por la falta de definiciones concretas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones financieras asumidas por la entidad, en un escenario donde la deuda acumulada supera los 200.000 millones de pesos.
La normativa establece un proceso de transición institucional orientado a asegurar la separación ordenada de activos, personal y prestaciones entre los organismos que asumirán las funciones que hasta ahora concentraba el IOSFA.
En ese marco se crea la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que pasará a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Defensa y tendrá a su cargo la cobertura médico-asistencial del personal militar en actividad, retirado y pensionado, así como de su grupo familiar primario.
El decreto dispone que la nueva estructura deberá garantizar prestaciones que no podrán ser inferiores a las previstas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), y que contará con un directorio integrado por representantes de cada una de las fuerzas armadas.
Asegurar la continuidad
El objetivo formal es asegurar la continuidad de la cobertura para los afiliados y ordenar administrativamente el sistema tras la decisión de disolver el organismo anterior.
Sin embargo, desde CEPRIDIASA advierten que la transición institucional no puede soslayar las obligaciones financieras pendientes con los prestadores.
Los centros de diálisis de Salta y Jujuy mantienen convenios con la obra social para la atención de pacientes con insuficiencia renal crónica, tratamientos que requieren continuidad estricta y financiamiento regular para garantizar su funcionamiento. La deuda acumulada y la falta de precisiones sobre cómo y cuándo se regularizarán los pagos generan un escenario de incertidumbre que impacta directamente en la sustentabilidad del servicio.
El presidente de la Asociación, el doctor Mario Espeche, señaló que la ausencia de respuestas concretas y de plazos definidos profundiza una situación que calificó como inadmisible, especialmente teniendo en cuenta que las propias autoridades han reconocido el estado crítico financiero que atraviesa la obra social.
Según expresó, el sector no puede sostener indefinidamente un esquema de funcionamiento basado en promesas incumplidas y atrasos sistemáticos.
Desde la entidad remarcaron que la atención de pacientes en tratamiento dialítico no admite interrupciones ni dilaciones administrativas, dado que se trata de prácticas vitales que deben realizarse varias veces por semana.
En ese contexto, exigieron responsabilidad institucional, decisiones inmediatas y acciones concretas que garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos.
El reclamo se enmarca en una coyuntura delicada para el sistema de salud, donde la combinación de inflación, aumento de costos operativos y retrasos en los pagos por parte de obras sociales y financiadores públicos pone en tensión a numerosos prestadores.
Para los centros privados de diálisis del NOA, la prioridad es que el proceso de reorganización dispuesto por el decreto no implique un vacío financiero que comprometa la continuidad de las prestaciones.
Mientras avanza la transición hacia la nueva estructura bajo la órbita del Ministerio de Defensa, el sector espera definiciones formales sobre los mecanismos de cancelación de la deuda y el cronograma de pagos.
La incertidumbre, sostienen, no solo afecta a las instituciones, sino que también genera preocupación entre los pacientes y sus familias, que dependen de la regularidad del servicio para sostener su calidad de vida.