Cerca de 60 empleados desvinculados por denuncias de coimas durante la gestión de Durand
El procurador general de la Municipalidad de Salta, Matías Risso, aseguró que desde el inicio de la actual gestión se concretaron cerca de 60 cesantías y exoneraciones de empleados por distintas irregularidades.
Risso reveló en el programa Hora de Voces (FM Ya 91.3) que desde el inicio de la gestión municipal ya se concretaron alrededor de 60 cesantías y exoneraciones de empleados por distintas irregularidades detectadas durante los procesos disciplinarios. Si bien reconoció que el número puede parecer elevado, consideró que representa una porción mínima de la planta municipal y defendió la actuación de la administración frente a este tipo de hechos.
La información surgió en el marco de la desvinculación de tres inspectores ambientales acusados de incurrir en aprietes para cobrar coimas a un local gastronómico de la Ciudad.
Las investigaciones surgieron del portal de denuncias anónimas implementado por la gestión del intendente Emiliano Durand, una herramienta disponible en la página web oficial del municipio para denunciar presuntos hechos de corrupción o pedidos de coimas.
Según precisó, durante este año se iniciaron entre 10 y 12 sumarios administrativos a partir de denuncias recibidas por esa vía. En algunos casos, explicó, las presentaciones fueron derivadas a otros organismos por no tratarse de competencias municipales, mientras que las restantes permitieron avanzar con investigaciones internas.
Cuando las denuncias logran comprobarse, las sanciones pueden derivar en cesantías, exoneraciones e incluso denuncias penales.
“Los buenos son más que los malos, pero los malos hacen más ruido. Da mucha bronca que un pequeño grupo haga quedar mal al resto de los empleados municipales que trabajan, cumplen horarios y le ponen el hombro a la ciudad“, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que separar a quienes incumplen sus funciones también constituye “un acto de justicia para los compañeros que sí trabajan correctamente y para los vecinos que pagan sus impuestos”.
Sumarios más rápidos
El procurador también explicó que el municipio modificó los criterios administrativos para agilizar los procesos disciplinarios, que anteriormente podían extenderse durante años.
Actualmente, una vez dictada la primera resolución administrativa, las sanciones comienzan a tener efecto inmediato, aun cuando el empleado conserve la posibilidad de presentar recursos administrativos.
En el caso puntual de los inspectores investigados por el presunto cobro de coimas, Risso estimó que el sumario podría concluir en un plazo de entre 20 y 30 días.
Control sobre los funcionarios
Consultado sobre la responsabilidad de los funcionarios jerárquicos, Risso señaló que cada secretario tiene la obligación de controlar el funcionamiento de su área y promover los sumarios cuando detecta irregularidades.
Además, advirtió que cualquier funcionario que tome conocimiento de un posible delito y omita denunciarlo ante la Justicia o informar a sus superiores también incurre en un incumplimiento de sus deberes.
Finalmente, el procurador aseguró que el objetivo de la gestión es fortalecer la transparencia institucional y proteger tanto a los trabajadores que cumplen correctamente sus funciones como a los vecinos de la ciudad.
“La prioridad es poner en valor al empleado municipal que trabaja bien y apartar a quienes ensucian la institución. Al mismo tiempo, debemos cuidar el patrimonio del municipio y a todos los vecinos de la ciudad”, concluyó.