CFK fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitada a ejercer cargos públicos
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada hoy a 6 años de prisión en la causa Vialidad, donde fue acusada por administración fraudulenta en relación a las licitaciones de obras públicas viales de Santa Cruz.
Fue tras un fallo de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña de la Cámara de Casación Penal. La decisión fue unánime.
Por qué importa
La decisión de la Sala IV confirma la sentencia impulsada por los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso en 2022. La Cámara de Casación Penal es el máximo tribunal penal por debajo de la Corte Suprema de Justicia.
En detalle
El fallo se comunicó en una audiencia oral y pública, que se transmitió por Youtube, en la Sala B del edificio de Comodoro Py y la expresidenta no asistió. Aunque había posibilidad de que la sentencia se eleve a 12 años de prisión al sumar el delito de asociación ilícita, finalmente los jueces se mantuvieron en los 6 años y la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.
Aun así
La sentencia no significa que la exvicepresidenta vaya a ir presa. Hay altas chances de que apele a la Corte Suprema de Justicia -igual que el fiscal en su contra, Villar, pero para aumentar la condena a 12 años- y, en ese caso, la sentencia no se hace efectiva hasta agotar todas las instancias judiciales de revisión. Tanto la imputada como la Fiscalía tienen 10 días hábiles para presentar el recurso extraordinario.
Además
El empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti tambien están condenados a 6 años de prisión. En tanto, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala están absueltos.
La postura de CFK
Ayer por la tarde Fernández de Kirchner publicó una extensa carta donde apuntó contra los jueces por su relación con el expresidente Mauricio Macri y sostuvo que la causa es “un show” y una “persecución mediática-judicial”. Allí, también cruzó al Grupo Clarín y al diario La Nación. La exfuncionaria detalló que la condenan por un delito que “como presidenta nunca pudo haber cometido”.
Los detalles de la sentencia
Los hechos juzgados remiten a la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, en cuyo marco tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional.
Se pudo comprobar que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción. Aquellos procesos fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa. Los imputados Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, ex funcionarios de las agencias viales referidas, operaron convalidando irregularidades en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras.
Por otro lado
Asimismo, se demostró un conjunto de actos de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad de concretar la ejecución de la maniobra, reafirmando el funcionamiento del circuito de irregularidades. En esa lógica, se destacó la suscripción por parte de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner del Decreto PEN 54/09 -con la previa intervención de José Francisco López, quien desde la Secretaría de Obras Públicas sugirió la medida-, decreto que permitió a la Dirección Nacional de Vialidad -a cargo de Nelson Periotti- financiar directamente las obras viales que se le adjudicaban irregularmente a Lázaro Báez.
El perjuicio económico a la administración pública ocasionado por el delito se pudo determinar en aproximadamente 84.000 millones de pesos.
Fuente: Corta