Cinco años después, con ajuste y falta de insumos, la IVE presenta su mayor retroceso

A cinco años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE), los datos oficiales muestran un escenario ambivalente en Salta según informó Ciudadana Comunicación.

Mientras que durante los primeros años de implementación el sistema de salud logró ampliar el acceso, garantizar prácticas tempranas y reducir de manera sostenida la maternidad adolescente, en 2024 se registró un punto de inflexión: el acceso al derecho al aborto descendió un 17%. El retroceso se da en un contexto de desfinanciamiento nacional de las políticas de salud sexual y reproductiva y de creciente falta de información pública. La Provincia, además, aún no difundió los datos correspondientes a 2025.

Las estadísticas surgen a partir de registros oficiales del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), que sistematiza información del sistema de salud provincial. Los números permiten reconstruir con claridad el recorrido del acceso al aborto en Salta desde la implementación efectiva de la ley.

En 2021 se registraron 2.785 interrupciones voluntarias del embarazo. En 2022, la cifra ascendió a 4.244. El pico histórico se alcanzó en 2023, con 5.180 prácticas. Sin embargo, en 2024 el número descendió a 4.371 interrupciones, lo que representa una caída del 17% respecto del año anterior.

El informe advierte que una lectura aislada de los datos podría sugerir una baja en la demanda, pero el contexto obliga a ampliar la mirada.

Quienes acceden y quiénes quedan más expuestas

El análisis por grupos etarios muestra que el acceso a la IVE se concentra mayoritariamente en adultas jóvenes. En todos los años analizados, las personas gestantes de entre 21 y 30 años representaron cerca del 60% del total e interrupciones voluntarias del embarazo. Solo en 2023, más de 3.000 prácticas correspondieron a ese rango etario.

Según el informe, la interrupción del embarazo aparece principalmente como una decisión de adultas jóvenes que definen sus proyectos reproductivos en contextos socioeconómicos cada vez más inestables y con menos redes de cuidado y acompañamiento estatal. El dato más alarmante, desde una perspectiva de derechos, es el de niñas y adolescentes de entre 10 y 15 años. En 2021 se registraron 42 interrupciones en ese grupo. En 2022, el número subió a 72. En 2023 alcanzó los 86 casos. En 2024, pese a la caída general del acceso, se mantuvo alto, con 83 interrupciones. Mientras el total de IVE disminuyó en 2024, las interrupciones en niñas y adolescentes tempranas no bajaron.

En el marco legal argentino, un embarazo en menores de 15 años se presume como consecuencia de abuso sexual. En ese sentido, los registros de ILE refuerzan esta lectura: entre 2020 y 2024, 103 niñas de entre 10 y 15 años accedieron a una interrupción legal del embarazo en Salta. En muchos de estos casos, el sistema de salud aparece como uno de los pocos espacios donde estas violencias logran ser detectadas.

Interrupciones tempranas y prácticas seguras

Uno de los logros de la implementación de la ley en Salta es la realización de interrupciones tempranas. Entre 2021 y 2024, más del 70% de las IVE se realizaron antes de la décima semana de gestación. Solo entre el 1,9% y el 2,4% de los casos llegó al límite legal de la semana 14.  Estos datos desmienten uno de los discursos más frecuentes contra la ley, que sostiene que la mayoría de las prácticas son quirúrgicas. Por el contrario, la enorme mayoría se realiza de manera ambulatoria, segura y de bajo riesgo.

Desde organizaciones como la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Salta, advirtieron que aún persisten casos de violencia institucional que dilatan los tiempos.

El quiebre de 2024 y la falta de insumos

El análisis mes a mes permite identificar con mayor precisión el punto de quiebre. En 2021 la curva fue claramente ascendente. En 2022, el acceso se estabilizó en niveles altos, con un promedio cercano a las 350 interrupciones mensuales. En 2023 se alcanzaron picos que superaron las 500 prácticas mensuales. En 2024, la tendencia se invirtió: el descenso fue sostenido y varios meses quedaron por debajo de las 300 interrupciones.

Junio y diciembre de 2024 registraron las cifras más bajas desde la implementación plena de la ley. Desde los efectores de salud advirtieron que desde hace meses faltan misoprostol y mifepristona, medicamentos esenciales para las prácticas de IVE/ILE. Según informes oficiales, en 2022 se entregaron en Salta 4.113 dosis en el marco del Plan ENIA, mientras que a nivel nacional se distribuyeron casi 100 mil. En 2023, esa cifra trepó a 160 mil. Desde 2024, el gobierno nacional dejó de informar sobre la provisión.

Menos anticonceptivos, más riesgo

El Informe Anual 2025 del OVcM advierte que el retroceso no se limita al acceso al aborto. Durante el período 2017–2023, Salta registró una de las mayores caídas del país en la tasa de fecundidad adolescente, superior al 61%, en estrecha relación con políticas como el Plan ENIA y la provisión sostenida de anticonceptivos. En 2023, la distribución de implantes subdérmicos alcanzó un pico de casi 5.900 en la provincia.

Ese escenario se revirtió de manera abrupta en 2024. La distribución de preservativos fue la más baja de la última década y la entrega de anticonceptivos hormonales cayó de forma histórica. En Salta, la provisión de implantes subdérmicos se redujo un 93,2%, al pasar de 5.900 en 2023 a apenas 400 en 2024.

El informe concluye que, a cinco años de la sanción de la Ley 27.610, la IVE/ILE permitió salvar vidas, garantizar interrupciones tempranas y reducir la maternidad adolescente. Pero también advierte sobre un presente preocupante, marcado por menos recursos, menos acceso y un creciente silencio estatal.