Cobro del IFE: sigue hoy el juicio a 5 exconcejales y otros 3 reelectos en 2021
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta dará continuidad hoy al segundo juicio a funcionarios públicos de esta provincia investigados por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Este beneficio fue implementado por el gobierno nacional tras la declaración de la pandemia por el Covid-19.
Se trata de un total de ocho imputados por defraudación a la Administración Pública e incumplimiento de deberes de funcionario público, cinco de ellos son ex concejales, mientras que los tres restantes lograron ser reelectos en los comicios del 2.021.
El Tribunal presidido por el juez Marcelo Juárez Almaráz en la primera audiencia celebrada la semana anterior, escuchó las acusaciones penales por parte del fiscal federal Ricardo Toranzos. Dio a conocer las acusaciones penales seguidas contra Paola Cantarella, Jesús Cuellar y Héctor Cari, los tres aún concejales ya que fueron reelectos en los últimos comicios provinciales.
Explicó que Cantarella, Cuellar, Cari, además de Gabriela Cazón son juzgadas y juzgados por defraudación a la Administración Pública en concurso ideal con el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, en calidad de autores.
Lo propio se extiende, aunque en este caso en grado de tentativa, sobre el exconcejal Osvaldo Reynaga. En tanto que Nicolasa Maras, Julio Pedro Laxi y Santos Palma llegaron a juicio por el delito de incumplimiento de deberes, en calidad de autores.
La semana pasada ninguno de los acusados pidió la palabra y se inició la etapa de testimonios, de funcionarios de la ANSeS, tanto en el orden nacional como local, así como de un asesor legal del Banco Macro.
Los testigos confirmaron los trámites realizados por los acusados y acusadas para el cobro del IFE y recalcaron los requisitos de admisibilidad para percibir tal beneficio, exposición de la cual surgió que ninguno de los acusados cumplimentaban.
Detalles del caso
Cantarella, edil de Pichanal al momento del hecho, solicitó ser beneficiaria del IFE el 30 de marzo de 2.020, a sabiendas que el decreto de N°310 del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se puso en marcha el subsidio, impedía que los funcionarios públicos se postulen para cobrar esa ayuda excepcional, establecida en la suma de 10 mil pesos.
En los primeros testimonios, se mencionó que la ANSeS acreditó el beneficio a Cantarella en su cuenta sueldo del banco Macro el 13 de julio de ese año. Con respecto a Cari, se indicó que el acusado, edil de Guachipas, repitió la misma maniobra y percibió una cuota del IFE. A Cuellar, de la localidad de Urundel, el beneficio le fue acreditado en dos ocasiones. Idéntica situación fue descripta respecto a Cazón, quien era concejal de Aguas Blancas, en el límite fronterizo con Bolivia.
Sobre la conducta de Reynaga, Laxi, Maras y Palma, quienes eran ediles en San Lorenzo, Animaná, Los Toldos y Rivadavia Banda Norte, respectivamente, Toranzos dijo que la situación es diferente, ya que se aprovecharon de una situación irregular, como la de ser beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), para percibir el IFE ilegalmente.
Devuelve dinero Durante el juicio el fiscal federal Toranzos insistirá con el apoyo de los testigos la responsabilidad de quienes ejerciendo cargos públicos, en este caso como representantes del pueblo de los ex ediles y ediles, actuaron por fuera de la ley.
En el listado de los acusados cabe destacar que el ex edil guachipeño Héctor Cari, devolvió el dienrio cobrado ilegalmente. No así lo hicieron los restantes involucrados en el cargo de incumplimiento de deberes públicos y defraudación a la administración pública, en este caso nacional.
Primera condena a funcionarios El mismo Tribunal cabe consignar, condenó el año pasado por este delito de cobro ilegal del IFE, a Viviana Fernández y Javier Navarreta, ex gerenta y ex gerente de las agencias del PAMI en las ciudades de San Ramón de la Nueva Orán y Embarcación a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Las condenas tuvieron repercusión nacional, atento al aprovechamiento de estos funcionarios para acceder al beneficio social.
Unidad de las defensas
En el caso de las defensas de los acusados en esta segunda etapa -que involucra a los cinco ex ediles y a los otros tres con mandato aún-, éstos unificaron su acción y señalaron la imposibilidad de la fiscalía en comprobar los delitos imputados.
Sostuvieron que los comportamientos eran atípicos, ya que no habían falseado sus datos para solicitar el beneficio y que el Estado Nacional debía verificar si les correspondía el subsidio.
En la fecha la mayoría de los testigos restantes están vinculados a los organismos de implementación y control del IFE.