Comenzó el trabajo pericial del CONICET en el vertedero San Javier
El viernes último se dio inicio formal al trabajo pericial del CONICET en el vertedero San Javier, en el marco de la causa por daño ambiental promovida por la vecina y ex concejal del Partido Obrero, Jorgelina Franco.
El operativo, que se desarrolló bajo la supervisión de la jueza de Minas, María Victoria Mosmann, contó con la participación de todas las partes involucradas en el litigio: representantes de la Municipalidad de Salta, de la empresa Agrotécnica Fueguina, del Gobierno provincial, del Ministerio Público y del equipo interdisciplinario del CONICET.
La jornada comenzó con un recorrido por las trincheras del predio y sus alrededores, y continuó con un relevamiento aéreo mediante drones, que permitió elaborar un mapeo completo del vertedero, el Río Arenales, el Río Ancho y su confluencia.
A partir de estas imágenes, los investigadores elaborarán un plan de muestreo para determinar posibles focos de contaminación y su impacto ambiental y social.
Durante el relevamiento se constató una situación crítica: alrededor de cien personas trabajaban en la recuperación de residuos a escasa distancia de maquinaria pesada, sin ningún tipo de protección.
Esta situación, que ya fue motivo de accidentes, fue señalada por la jueza Mosmann, quien intimó a las partes responsables a garantizar en el plazo de una semana el suministro de elementos de seguridad adecuados, como botas, guantes y ropa protectora.
Al respecto, Jorgelina Franco expresó: “Desde las bancadas del Partido Obrero siempre insistimos en que los mal llamados recuperadores deberían ser reconocidos como trabajadores, con salario y todos los derechos. Sin embargo, los intendentes los han dejado en el abandono total. Este lugar no es tierra de nadie, es tierra de Fueguina, y la Municipalidad lo permite”.
El abogado Álvaro Arias Camacho, patrocinante de la causa por parte del equipo jurídico de ALFA, destacó la relevancia del momento: “El juicio comenzó en 2018. Luego de muchas idas y vueltas, se definió que el CONICET se haría cargo de la pericia. Es la única prueba que falta y será determinante para conocer el estado ambiental del vertedero y sus consecuencias”.
La pericia fue estructurada por el CONICET en dos etapas: una exploratoria, destinada a identificar indicadores de daño ambiental, y una segunda, más específica, para establecer la magnitud, causas y alcance del daño en tierra, aire, agua superficial y subterránea, así como también en la biota. Esta intervención científica se realizará en sucesivas visitas al predio e involucrará a especialistas de distintas disciplinas y regiones del país, muchos de ellos trabajando ad honorem.
Durante la inspección también se labraron actas por otras irregularidades.
La jueza intimó a los demandados a presentar en el mismo plazo información clave solicitada por los peritos, como la composición de los líquidos lixiviados contenidos en los piletones del predio, datos que no habían sido aportados previamente al expediente.
Se observó además una alarmante contaminación en aguas que reciben residuos orgánicos, sin tratamiento visible.
Las explicaciones de la parte demandada apuntaron a la inseguridad generada por “vándalos”, lo que fue cuestionado por los denunciantes.
“En otros sectores de la ciudad se despliegan grandes operativos policiales que terminan en detenciones masivas. Sin embargo, no pueden garantizar el resguardo del vertedero, lo que evidencia una doble vara en materia de seguridad pública”, señalaron.
Pese a las limitaciones presupuestarias —los análisis más exhaustivos requerirían una inversión de miles de dólares en reactivos e insumos— las partes alcanzaron un acuerdo para que la pericia del CONICET se desarrolle en las mejores condiciones posibles, dentro de los márgenes disponibles.
“El hecho de que un organismo científico de la magnitud del CONICET encabece esta tarea, con un enfoque multidisciplinario y criterios técnicos rigurosos, representa un avance enorme. No es algo que se vea todos los días. Es un aporte fundamental no solo para este proceso judicial, sino para toda la sociedad”, concluyó Arias Camacho.
La próxima etapa se definirá a partir del plan de muestreo que elabore el CONICET, el cual será compartido con todas las partes para su validación y seguimiento.