Comisión de Disciplina analizará la conducta del edil de LLA Casasola
El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta convocó para este viernes, a las 16:00, a una reunión de la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial, en el edificio legislativo, con el objetivo de analizar la situación del concejal de La Libertad Avanza, Carlos Maximiliano Casasola, denunciado penalmente por su ex pareja por presuntas lesiones en un contexto de violencia de género.
La convocatoria fue dispuesta a partir del pedido formulado durante la última sesión por las concejalas Malvina Gareca (Pulso Colectivo) y Eliana Chuchuy (Por Salta), quienes reclamaron que el cuerpo deliberativo adopte una respuesta institucional ante la gravedad de los hechos denunciados. Durante el encuentro, los integrantes de la comisión analizarán las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias, luego de que en el recinto se planteara la necesidad de evaluar eventuales sanciones o incluso la posibilidad de impulsar un proceso de juicio político contra el edil.
La denuncia contra Casasola fue radicada a comienzos de enero y se encuentra en trámite en la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género Nº1. Según consta en el acta policial a la que accedió Nuevo Diario, los hechos denunciados se remontan al 20 de diciembre de 2025, cuando tras una discusión en el domicilio que ambos compartían en barrio Castañares el concejal habría propinado a su ex pareja “una patada” en las piernas. La denunciante señaló que mantuvieron una relación de aproximadamente diez años y que durante la convivencia se registraron distintos episodios de violencia. Tras el hecho denunciado decidió abandonar la vivienda y trasladarse a la casa de sus padres, en barrio Alto La Viña, por temor a nuevas agresiones
El caso vuelve a colocar al Concejo Deliberante capitalino en el centro de la polémica por denuncias de violencia de género que involucran a funcionarios públicos. En ese marco, la reunión de la Comisión de Disciplina prevista para este viernes será el primer paso institucional para determinar si existen elementos que ameriten la apertura de un proceso formal dentro del Concejo Deliberante. De acuerdo con el reglamento interno, el órgano puede recomendar desde sanciones administrativas hasta la eventual promoción de un juicio político contra el edil, una decisión que requeriría posteriormente el tratamiento del cuerpo en pleno. Mientras tanto, la causa judicial continúa su curso en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, donde se aguardan las medidas que disponga la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género Nº1.