Comunidades indígenas de Salta llaman a la unidad frente a Milei

El pasado lunes, las comunidades indígenas de Salta se reunieron en una Asamblea Provincial de Organizaciones, Comunidades, CPI, y Referentes Indígenas de la Mesa de Derecho Indígena para articular un plan de acción frente a la avanzada del gobierno de Javier Milei.

La convocatoria, realizada en la calle Urquiza de la capital salteña, tuvo como eje central el rechazo a las políticas que afectan gravemente los derechos territoriales y culturales de los pueblos originarios. David Torres, miembro de la Comunidad Lules y participante de la Asamblea, dialogó con Nuevo Diario sobre las principales conclusiones y las acciones proyectadas.

“A las puertas de posibles desalojos masivos”

“La situación es de mucha preocupación, porque al estar anulada la emergencia territorial y derogada la Ley 26.160, todas las comunidades, incluso las que tienen relevamiento terminado, se verán afectadas”, explicó Torres. “Ya hemos visto casos como el de Mendoza, donde se echaron para atrás resoluciones que reconocían la posesión de las tierras, dando paso a juzgados que procesan a nuestra gente y terminan dejando las tierras en manos de supuestos titulares registrales”.

La preocupación aumenta debido al cambio en la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. “Muchas comunidades viven en el bosque o dependen de él para sobrevivir. Ahora, con esta nueva legislación que pone más de 720.000 hectáreas en el mercado, estamos a las puertas de posibles desalojos masivos”, destacó Torres.

Además, expresó su alarma por la creciente represión en el norte del país: “Ese laboratorio de políticas represivas que diseñó Bullrich se está trasladando a nuestras regiones bajo diversas excusas. La preocupación es muy grande porque estas estrategias se están afinando para implementar más represión aquí”.

Un diagnóstico crítico: de ciudadanos a consumidores

Torres reflexionó sobre la lógica extractivista y mercantilista que guía las políticas actuales. “Partimos de un diagnóstico que muestra cómo hemos pasado de ser ciudadanos a simples consumidores. Milei nos trata así, eliminando derechos y transformando los recursos en bienes de mercado”, afirmó.

“Vivimos una nueva división internacional del trabajo y un reparto global de los recursos naturales. Se nos despoja de nuestros derechos para convertirnos en herramientas de consumo al servicio de intereses ajenos”, agregó.

La falta de diálogo con el gobierno

“Antes, aunque fuese limitado, existía un espacio de diálogo. Ahora, el Estado ha cerrado completamente la participación y no reconoce la representatividad de nuestras autoridades tradicionales”, denunció el referente de la Mesa de Derecho Indígena. “Tampoco sabemos qué está haciendo el RENACI, que antes registraba comunidades y certificaba la elección de autoridades. Hoy todo está paralizado, lo que muestra el desprecio hacia nuestras instituciones”.

En tanto, sobre la posibilidad de recurrir a instancias internacionales, Torres comentó: “Estamos evaluando acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a Naciones Unidas a través del Convenio 169 de la OIT. Pero esto requiere agotar primero las instancias locales, lo que hace que el proceso sea largo. No obstante, no descartamos ninguna vía”.

Repudio a las políticas extractivistas

En un documento elaborado durante la Asamblea se reflejó el descontento con el gobierno nacional y provincial por la falta de consulta y participación de los pueblos originarios. “Repudiamos los atropellos a los Derechos Constitucionales de los Pueblos Indígenas, así como la nueva ‘Ley de Desmontes’ que prioriza los intereses extractivistas sobre la vida y los derechos de las comunidades”, señala el texto.

Además, denuncian la ausencia de diálogo con las autoridades estatales. “El Estado ha cerrado el diálogo y no reconoce las representaciones legítimas de las comunidades indígenas. Antes, al menos teníamos espacios de participación; hoy ni siquiera eso”, lamentó Torres.

En relación a la estrategia de las comunidades frente al escenario actual, Torres afirmó: “Se hizo un pronunciamiento con aportes de todas las comunidades, donde expresamos que el gobierno ha abandonado el diálogo y no hay participación de los colectivos vulnerables. Partimos de un diagnóstico que expone cómo se nos está despojando de nuestros derechos para convertirnos en simples consumidores”.

“La representatividad indígena, materializada en sus autoridades tradicionales, Curacas, Colal, Mborubichas, Pel, Caciques, asambleas territoriales, y descendientes  indígenas migrantes en las ciudades  deben pronunciarse, y lograr las máxima unidad con los demás sectores avasallados, ante la más cruda  indiferencia estatal, de aquellos que hacen política negando que  la practican a favor de intereses extractivistas, antinacionales,  y el resultado de sus actos que recaen sobre las comunidades indígenas”, subraya el documento que busca sumar adhesiones en todo el país.

Un plan de acciones con visión nacional

La Asamblea acordó elaborar una agenda política que abarque tanto demandas locales como una estrategia nacional. Entre las primeras medidas, destacan una movilización desde Tartagal hacia la ciudad de Salta programada para el 25 de enero y la articulación de demandas colectivas en defensa de los derechos territoriales.

“La Mesa de Derecho Indígena va a acompañar estas acciones, asegurando asesoramiento y apoyo logístico a los hermanos que decidan movilizarse”, explicó Torres. También se prevén actividades en febrero, marzo y abril, incluyendo manifestaciones en el marco del Día del Indio Americano.

Torres subrayó: “El primer reclamo viene el 20 de enero, cuando desde Tartagal se inicie una marcha que llegará a Salta el 25. Vamos a organizar bancos de alimentos para que los hermanos puedan resistir. Este gobierno buscará dispersarnos o evitar que lleguemos, pero no vamos a retroceder”.

El documento insta a sindicatos, organizaciones sociales, militantes de género y otros sectores vulnerables a unirse en defensa de la vida y el territorio. “Convocamos a la máxima unidad con los demás sectores avasallados, ante la indiferencia estatal y los intereses extractivistas que ponen en riesgo el buen vivir de las comunidades y de la sociedad en general”, remarcan.

Torres agregó: “Es fundamental articular esfuerzos con otras organizaciones. No podemos seguir esperando que alguien más resuelva nuestros problemas; debemos organizarnos y actuar en unidad”.

El vocero de la Asamblea alertó: “Los sectores populares están paralizados, esperando que alguien más haga algo. Pero sabemos que no podemos quedarnos inmóviles. Necesitamos organizar una unidad multisectorial para enfrentar esta situación juntos. No somos ni de izquierda ni de derecha, somos parte de la tierra. ¡Somos territorios!”.

Balance del trabajo del Gobierno provincial

A lo largo de 2024, mediante un intenso trabajo de los equipos técnicos y territoriales y de los funcionarios de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, se llevaron a cabo diversas acciones estatales en conjunto con comunidades indígenas de diferentes localidades de Salta. Estas acciones tuvieron como objetivo articular gestiones con otros ministerios y áreas de la Provincia, con el fin de dar respuesta a las necesidades y requerimientos de los pueblos indígenas.

De esta manera, y con un fuerte compromiso reflejado en el abordaje territorial, el Gobierno fortalece y profundiza su trabajo en conjunto con los pueblos originarios de la provincia.

Asuntos Indígenas cuenta con un equipo de profesionales y agentes especializados en sus respectivos campos, además de realizar un trabajo territorial con la población indígena. En cada acción que ejecutan, llevan a cabo una planificación detallada, así como un análisis y reflexión sobre sus labores, todo ello en el marco de sus competencias y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos de las comunidades.

Operativamente, la Secretaría cuenta con diversas direcciones, cada una con propósitos específicos. Algunas están orientadas a la administración y fortalecimiento del vínculo entre las comunidades y el Estado, otras se enfocan en aspectos relacionados con la vida en comunidad, su administración y regulación, y finalmente, existen áreas dedicadas a la gestión y articulación institucional.