Comunidades wichí-weenhayek enfrentan demanda judicial ante posible desalojo
Las comunidades Kyelhuk (Quebracho) y Ocka Puckie (Mi Troja) pertenecientes al pueblo wichí/weenhayek, ambas ubicadas sobre el kilómetro 5 de la Ruta Nacional N°86 (Tartagal-Salta), fueron demandadas recientemente por la empresaria Monserrat Tarrés, quien plantea el reclamo de posesión, siendo la misma, la posible antesala de un desalojo.
Desde las comunidades elaboraron un comunicado oficial aclarando que “ambas comunidades son legítimas poseedoras ancestrales, actuales y pacíficas de los territorios en los que viven”. Asimismo, recordaron que su posesión se encuentra amparada por los marcos normativos internacionales y nacionales que reconocen la preexistencia étnica de los pueblos originarios a la formación de los Estados nacionales.
Además, remarcaron que las mismas han sido relevadas por las disposiciones de la Ley N°26.160 de Ordenamiento Territorial y sus correspondientes prórrogas, asegurando que poseen al respecto, las carpetas técnicas que reconocen expresamente la posesión tradicional, actual y pública de los territorios que habitan.
Del mismo modo recordaron que no se trata de la primera vez que estas comunidades se enfrentan a estrategias para propiciar su desalojo definitivo, y puntualizaron los hechos sucedidos en el año 2015 con la misma empresaria, sucediendo un violento episodio de desalojo sin que la comunidad pudiera ejercer su legítimo derecho a la defensa. En tanto que, en el año 2022, el niyat (cacique) de la comunidad Quebracho, Isaías Fernández, fue víctima de tentativa de homicidio cuando en ese momento le dispararon de forma fallida durante una manifestación contra el alambrado que trataban de instalar en territorio comunitario.
“Todos estos hechos se producen en un contexto de amenazas e intimidación y violencia contra las autoridades y miembros de las dos comunidades. Paradójicamente la empresaria recurre a denunciar sistemáticamente a los caciques acusándolos de violentos, promoviendo así instancias punitivas de criminalización”, expresaron en su misiva.
“Repudiamos enérgicamente todas las acciones generadas por la empresaria Tarrés para desalojar a las comunidades Mi Troja y Quebracho”, remarcaron y alertaron que “el fin de todas estas maniobras es seguir ampliando las fronteras agropecuarias sobre los territorios indígenas”, manifestando además su preocupación por el uso de la fuerza policial teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad y desprotección de las comunidades.
Este nuevo intento de avanzada además se da en un contexto nacional, en donde se encuentra en la lupa la Ley 26.610 y sus prórrogas, de propiedad de tierras comunitarias, que, según se conoció, corre el riesgo de ser derogada en manos del gobierno nacional libertario y negacionista de los derechos indígenas.