Con el lema “Nadie se mata en una comisaría” exigen respuesta por la muerte de F. Arias
La muerte de Fernanda Arias, una mujer trans de 34 años, hallada sin vida en una comisaría de Rosario de Lerma a mediados de noviembre, continúa generando gran impacto político, social e institucional en la provincia de Salta.
A casi un mes del hecho, organizaciones de Derechos Humanos y del colectivo Travesti Trans de Salta solicitaron formalmente la convocatoria extraordinaria y urgente de la Mesa de la Diversidad provincial, al considerar que el caso reúne elementos suficientes para ser abordado como un hecho de violencia institucional y no como un suicidio, tal como sostiene la versión oficial.
El pedido fue presentado el 12 de diciembre de 2025 por la Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia y por Mujeres Trans Argentina (MTA), mediante una nota dirigida a Victoria Liendro, directora de la Mesa de la Diversidad de Salta, órgano que depende de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad del Gobierno provincial. En el documento, las organizaciones advierten que la gravedad del caso, su repercusión pública y el estado de movilización social exigen una intervención inmediata de los organismos competentes del Estado.
Detención, muerte y rechazo de la versión oficial
Según el detalle consignado en la presentación, Fernanda Arias fue detenida el 12 de noviembre de 2025 en la Comisaría de Rosario de Lerma. Dos días después, el 14 de noviembre, fue encontrada sin vida dentro de la dependencia policial. La versión oficial difundida tras el hecho sostiene que se trató de un suicidio, hipótesis que fue rechazada de manera sistemática por organizaciones de derechos humanos, familiares de la víctima y la comunidad travesti trans de la provincia.
La Asociación Miguel Ragone y Mujeres Trans Argentina califican la muerte de Fernanda como un transfemicidio por violencia institucional. Además, caracterizan el hecho como un acto de “identicidio”, concepto con el que describen un patrón sistemático de eliminación de existencias disidentes, que —según sostienen— reproduce lógicas de represión y disciplinamiento propias del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar argentina.
Repercusión mediática y visibilidad pública del caso
El caso de Fernanda Arias adquirió una amplia repercusión mediática tanto en medios locales como nacionales. Para las organizaciones, esta visibilidad expresa un estado de alerta social y una demanda de justicia que no tiene precedentes recientes en la provincia. La consigna “Nadie se mata en una comisaría” se multiplicó en redes sociales, comunicados y manifestaciones públicas, convirtiéndose en un lema de movilización que trascendió Rosario de Lerma y se instaló en el debate público provincial. La muerte de Fernanda también fue incorporada como consigna durante la 22ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de Salta, realizada el 28 de noviembre pasado.
Movilización social y una marcha clave en Rosario de Lerma
El estado de movilización se profundizó el miércoles 10 de diciembre, cuando organizaciones trans, travestis y de derechos humanos realizaron una marcha masiva en el Parque Evita de Rosario de Lerma. El lugar elegido no fue casual: se trata del mismo sitio donde Fernanda Arias fue detenida dos semanas antes de su muerte.
Durante la marcha se expresaron consignas y el rechazo categórico a la versión oficial del suicidio, el reclamo de reconocimiento del transfemicidio y la exigencia de que las autoridades judiciales clasifiquen el hecho como tal y no como una muerte autoinfligida. También se reclamó una investigación penal exhaustiva e independiente.
Señalamientos sobre prácticas sistemáticas y un posible grupo policial desviado
Uno de los puntos centrales del planteo presentado ante la Mesa de la Diversidad es la advertencia sobre la posible existencia de un grupo policial que actúa por fuera de la conducción institucional formal en Rosario de Lerma. Las organizaciones sostienen que existen fundamentos suficientes para considerar que se estarían cometiendo crímenes de odio contra personas trans y travestis en contextos de detención.
Entre los indicios mencionados se encuentra la ausencia de protocolos efectivos de protección, el hecho de que una persona haya muerto bajo custodia estatal sin que se activara de inmediato una investigación exhaustiva, y la selectividad de la represión sobre una mujer trans en situación de vulnerabilidad socioeconómica, detenida en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.
También se señala la falta de debida diligencia en la investigación inicial, al aceptarse de manera acrítica la hipótesis del suicidio sin un abordaje forense integral ni la consideración de posibles situaciones de violencia institucional. A esto se suma un contexto regional más amplio, ya que organizaciones nacionales de derechos humanos reportaron múltiples muertes de personas LGTBIQ+ en espacios de custodia estatal en la región durante los últimos días, lo que sugiere la existencia de patrones más amplios de violencia.
El pedido
Ante este escenario, la Asociación Miguel Ragone y Mujeres Trans Argentina solicitaron que se convoque de manera extraordinaria a la Mesa de la Diversidad de Salta. En la nota proponen la participación de la directora de la Mesa y autoridades de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad, del Secretario de Seguridad del Gobierno provincial, del Comité para la Prevención de la Tortura en Salta, de representantes de organizaciones trans y travestis, de miembros del sistema de justicia penal y de organismos de derechos humanos provinciales y nacionales.
La misiva, firmada por Fernando Pequeño en representación de la Asociación Miguel Ragone y por Pía Ceballos por Mujeres Trans Argentina, se advierte que la falta de una respuesta inmediata profundizaría la erosión de la confianza en las instituciones de seguridad y de derechos humanos, permitiría la continuidad de prácticas de violencia contra personas trans y travestis y colocaría al Estado provincial en incumplimiento de sus compromisos nacionales e internacionales.
“La muerte de Fernanda Arias no puede ser reducida a un hecho aislado”, sostienen las organizaciones firmantes.