Con las trabas para pensiones por invalidez, “están buscando exterminar la discapacidad”

En medio de la crisis en escalada que afecta al sector de la discapacidad en Argentina, el reciente decreto 843 firmado por el presidente Javier Milei endurece los requisitos para acceder a pensiones por invalidez, generando rechazos y preocupaciones desde el sector de la discapacidad.

En diálogo con Nuevo Diario, Luis González, referente de Padres TGD-TEA Salta, criticó duramente la medida, advirtiendo sobre su impacto negativo en la población más vulnerable, especialmente en los menores de edad. “Si la ven, pero no les importa”, declaró González con frustración, poniendo en evidencia la insensibilidad del gobierno frente a una situación que para ellos empeora día a día.

El decreto, publicado recientemente en el Boletín Oficial, justifica su aplicación tras una auditoría que detectó “inconsistencias alarmantes”, aunque especialistas subrayan que la revisión se basó en una muestra representativa de menos del 4% de las más de 330.000 pensiones por invalidez vigentes. No obstante, y a pesar de las afirmaciones gubernamentales que se repiten al momento de sostener su argumento contra las políticas de igualdad y justicia social, las organizaciones que trabajan en el área aseguran que la normativa profundiza el abandono a un sector ya golpeado por recortes y la falta de acceso a tratamientos y medicación esencial.

Entre los cambios más polémicos, se incluye la prohibición de empleo formal para los beneficiarios de pensiones y la imposición de requisitos estrictos sobre los familiares con obligación alimentaria. Esto ha sido particularmente perjudicial para las familias con menores con discapacidad, quienes ahora deben demostrar que los familiares no pueden hacerse cargo económicamente de los solicitantes para acceder al beneficio.

González se mostró crítico en cuanto al impacto que tendrá la normativa en los monotributistas sociales. “Hasta el 30 de septiembre, más de un millón van a perder la obra social si no se reempadronan. En Salta, ya se sabe que obras sociales como Osprera están desafiliando gente. Chicos que no pueden recibir tratamiento y que están excluidos del sistema. Estamos tirando derechos por la borda”, lamentó. Además, señaló que los aumentos otorgados a los profesionales de la salud no llegan a cubrir las necesidades, y destacó que el último incremento fue del 1.83%, insuficiente frente a la inflación.

“Están buscando exterminar la discapacidad”

Otro de los puntos que generó alarma es la incompatibilidad del monotributo social con las pensiones, una modificación que González describe como un retroceso a 1997: “Están volviendo al viejo modelo médico rehabilitador, en lugar de ver a las personas con discapacidad como sujetos de derecho”. El referente no ocultó su indignación ante el escenario actual: “Si la ven, pero no les importa. Están sacando derechos. Gente sin medicación, sin terapia. Es un exterminio”.

Este endurecimiento se suma a un contexto de creciente vulnerabilidad, donde el acceso a tratamientos y medicamentos se ha vuelto cada vez más limitado. González también destacó la relación directa entre las pensiones y las jubilaciones mínimas, ya que una pensión equivale al 80% de una jubilación. “Con el veto de Milei a la ley de modificación de la fórmula jubilatoria, esto también perjudica a los pensionados. Parece que están buscando exterminar la discapacidad”, sentenció y cerró: “Necesitamos agruparnos y movilizarnos, porque nos están quitando lo poco que tenemos”.