Con media sanción de Diputados, la ley “antipiquete” pasó al Senado
En medio del conflicto con los sectores docentes y de salud, se votó sobre tablas el proyecto de ley que busca institucionalizar el polémico decreto 91/23 para disolver las protestas sociales.
Se trata de un proyecto de autoría de las diputadas Socorro Villamayor y Cristina Fiore, que si bien fue presentado en abril del año pasado, cobró un casual interés tras los recientes conflictos, bajo el argumento de “ordenar” y “mediar” entre los derechos de la protesta, libre expresión y circulación. Si bien se presentaron más de una veintena de abstenciones, el proyecto obtuvo finalmente media sanción y según pudo conocer este medio, podría ser tratado el próximo jueves en la Cámara de Senadores
El debate de este martes en relación a este proyecto, lejos de centrarse en su procedencia, se enfocó en los costos políticos del mismo, teniendo en cuenta los días de tensión que se viven en la provincia por los reclamos de las disidencias docentes y de salud, ello a decir de los legisladores, como fue el caso de Sofía Sierra del PRO, que tildó el tratamiento de “irresponsable” y apuntó a que “ el Estado, que se tendría que hacer cargo del conflicto, prefieren compartir cargos con la legislatura”
Por su parte, la diputada Cristina Fiore, de Bloque Confluir y una de las autoras de la iniciativa original advirtió que: “me llamó la atención el tratamiento” y aseguró que “no lo hubiera tratado ahora” (por ayer), “tratar estos temas resulta complicado porque hay que ponderar derechos valiosos: el de la libertad de reunión y expresión que hacen a la democracia, y por otro el derecho a transitar. No lo hubiera tratado ahora y no lo hicimos con esta intención, sino que buscamos evitar el caos y establecer que no hay derechos absolutos, evitar que la ciudad se convierta un caos”, remarcó
A partir de este proyecto que cuenta con media sanción, para realizar el reclamo, el proyecto busca que se informe 24 horas antes a la Comisaría de la zona dejando datos sobre la jornada y también de quiénes estarán a cargo. La autoridad de aplicación deberá establecer medidas para garantizar "el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los referidos a la salud, transporte público, educación y bomberos" y "la circulación de personas y/o vehículos" por un carril.
“No se restringe la protesta, se la ordena”
Esas fueron las declaraciones a Nuevo Diario, de la diputada Socorro Villamayor, una de las autoras de la iniciativa que cuenta con media sanción, que aseguró que el proyecto: “reglamenta el derecho a manifestarse, pero conciliándolo con los otros derechos que eventualmente pueden alterarse”.
La legisladora capitalina analizó el tratamiento de este proyecto a la luz de “una situación candente y social, donde hay autoconvocados que han provocado esta situación incómoda en AUNOR, algunos diputados tomaron este tratamiento como si se tratara de una respuesta específica a la huelga pero se da en el marco de querer conciliar las propuestas”, aclaró y precisó que estas leyes existen en provincias como Córdoba, y recalcó que “hasta la misma vicepresidenta de la Nación se expresó al respecto”.