Concejala de Tartagal en la mira por el escándalo del Programa Acompañar
El Concejo Deliberante de Tartagal resolvió avanzar con la creación de una Comisión Investigadora Especial que tendrá como misión determinar la eventual responsabilidad de la concejala opositora María Margarita Rauch en el escándalo de presunta defraudación de fondos del Programa Nacional Acompañar, destinados a mujeres en situación de violencia de género.
La decisión se adoptó esta semana tras el ingreso del expediente 19.187/25, presentado por los ediles oficialistas Armando Leguizamón, Raúl Camacho, Carolina Bustillos, Miriam Gallardo y Marcelo Soria. El planteo sostiene que, al momento de los hechos investigados por la Justicia Federal de Orán, Rauch era secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, de la cual dependía la Dirección de la Mujer y Diversidad, encabezada entonces por Carla Cordero, hoy acusada de haber montado un sistema fraudulento de cobro ilegal a beneficiarias del programa.
El caso judicial de fondo
La causa que dio origen a este escenario se remonta a noviembre de 2022, cuando la fiscalía federal de Orán, a cargo de Marcos Romero, inició una investigación contra Cordero y sus colaboradoras Celeste Abigail Robles y Sandra Mabel Domínguez. Según la acusación, las funcionarias exigían dinero a mujeres en situación de vulnerabilidad a cambio de garantizar el cobro de los beneficios del Programa Acompañar, bajo amenazas de suspender la ayuda o alterar los datos en el sistema. También fue imputado Lautaro Tomás Hurtado, hijo de Domínguez, quien habría facilitado su cuenta bancaria para el depósito de los pagos ilegales, cobrando un porcentaje de las sumas. Las pruebas reunidas incluyen documentación bancaria, informes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y registros municipales. El Ministerio Público Fiscal solicitó para las principales imputadas penas de hasta cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Si bien la investigación judicial no tiene a Rauch como imputada, el pedido de los concejales oficialistas se centra en determinar si, como máxima responsable del área de Desarrollo Humano, omitió controles, encubrió maniobras o tuvo alguna participación en los hechos.
Facultades de la Comisión Investigadora
De acuerdo con la resolución aprobada por el cuerpo legislativo, la Comisión se integrará por seis concejales designados por sorteo, garantizando pluralidad y representatividad. Tendrá un plazo de 60 días prorrogables para: Requerir documentación a dependencias municipales y provinciales. Convocar a funcionarios y exfuncionarios. Analizar el expediente judicial federal en curso. Recibir testimonios de víctimas y denunciantes, preservando su identidad. El informe final será elevado en sesión especial, y podrá recomendar medidas políticas y administrativas en relación al rol de Rauch, sin perjuicio de lo que determine la Justicia Federal.
El caso generó indignación en Tartagal y en todo el departamento San Martín, donde organizaciones sociales consideran que el fraude con fondos destinados a mujeres víctimas de violencia constituye “una afrenta a la dignidad de las mujeres” y un golpe a la confianza en las instituciones.