Condenan a 7 años a un empleado judicial de la provincia por liderar un transporte de marihuana
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a Daniel Fernando Aponte, empleado del fuero penal de la provincia, a 7 años de prisión.
La condena le cabe como coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, dado que consideró acreditado que lideró una operación de tráfico de 23 kilos de marihuana que tenía como destino la ciudad de Rosario de la Frontera y que fue desbaratada el 21 de diciembre pasado en el marco de un procedimiento de control vehicular realizado por la Gendarmería Nacional sobre la ruta provincial 5.
Con la unanimidad de los votos de Marta Snopek (presidenta), Gabriela Catalano y Diego Matteucci, el tribunal también condenó por los mismos hechos y calificación a Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna a penas de 6 años de prisión. La sentencia incluyo la orden de decomiso de una camioneta Kia Sorento, que fue utilizada para el transporte de la droga. El vehículo era propiedad de una empresa de transporte de la cual el funcionario judicial es socio.
Las condenas fueron dictadas en línea con el requerimiento de la fiscal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, quien llevó adelante el caso desde su inicio, tarea en la que también intervinieron la auxiliar fiscal Vanina Pedrana y el abogado José Manuel Lavilla. La única discordancia entre la sentencia y el pedido de la fiscalía estuvo en la pena para Peralta, a quien la fiscalía había requerido que se condenara a 7 años de prisión.
En su alegato, la fiscal puso de relieve el daño para la salud que hubiera provocado el cargamento en la sociedad de Rosario de la Frontera, golpeada por el flagelo del consumo de drogas, donde se dirigía la marihuana incautada. Calculó que hubiera servido para generar casi 13 dosis por cada habitante.
El caso que llegó a juicio tuvo su origen en un control vehicular realizado por la Gendarmería Nacional sobre la ruta provincial 5, a la altura de la ciudad de Joaquín V. González, el 21 de diciembre pasado, donde fue revisada la camioneta Kia Sorento, conducida por Luna, quien informó que provenía de Pichanal.
Ocultaban con monturas de caballos la carga de la droga
La fiscal describió en la audiencia que, mientras revisaba los papeles del vehículo, uno de los gendarmes observó en el baúl varias monturas de caballos y solicitó al chofer que las corriera para ver qué había debajo. Añadió que, como Luna se negó, los gendarmes movieron la carga y descubrieron que los dos paneles laterales habían sido manipulados.
En tal sentido, precisó que, tras informar de ello a la Unidad Fiscal, y bajo sus directivas, los gendarmes avanzaron con una requisa más profunda. De esa forma, encontraron ocultos y distribuidos en diferentes sectores de la camioneta 24 paquetes, equivalentes a un peso total de 23 kilos y 663 gramos de marihuana, con una capacidad suficiente para producir 438.304 dosis.
La fiscal explicó que Luna fue detenido y, a los dos días, formalizó la investigación penal en su contra, en tanto la Unidad Fiscal trabajó con diferentes diligencias, entre ellas el análisis del teléfono celular secuestrado al chofer.
La fiscal Gallo relató que las tareas de campo y de inteligencia criminal encomendadas al personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria permitieron establecer la participación en la maniobra de tráfico de Peralta, quien, detenido el 25 de febrero de este año, y finalmente del empleado judicial, el 18 de marzo. Los acusados optaron por no declarar. La fiscalía desarrolló en su teoría del caso que Aponte tuvo un rol superior, con un absoluto dominio de la droga, incluso como inversor.
El flagelo en Rº de la Frontera
Respecto a Luna, la fiscal calificó su participación criminal como transportista, con un eslabón de menor escala. Peralta, en tanto, fue considerado en un rol mayor al del conductor, como encargado de controlar el trayecto del estupefaciente, desde Orán a Rosario de la Frontera.
Para probar estas tesis, la fiscalía contó con el testimonio de los efectivos que participaron del procedimiento, al igual que los investigadores, peritos y analistas.
En su alegato, Gallo ratificó la participación de los tres imputados en el transporte de la droga. Puso de relieve que la marihuana incautada tenía un alto porcentaje nocivo, y marcó que eso es motivo de preocupación en los últimos meses. “Rosario es una de las ciudades que sufre mucho el flagelo de la droga, no solo por el consumo en distintas edades, sino también advertimos que, detrás de cada delito ordinario, como un robo, hay siempre una situación de adicción e ingesta de drogas”, resaltó.
Explicó que los tres acusados residen en esa ciudad y que estaban “embarcados” en una maniobra dirigida a perjudicar a “sus propios vecinos”.