Condenan a dos ex asesores del diputado Emiliano Estrada en un juicio abreviado
Dos exasesores del diputado nacional Emiliano Estrada, integrante del bloque Unión por la Patria, fueron condenados por el delito de intimidación pública.
En un juicio abreviado, al que accedieron, admitieron haber usado redes sociales para viralizar fake news contra políticos, empresarios y periodistas.
Los exempleados, señalados como partícipes secundarios en el delito de intimidación pública, recibieron penas de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos. En su defensa, alegaron “responsabilidad laboral”.
La causa contra Florencia Arias Bustamante y Alonso Allemand se inició tras una investigación de oficio llevada adelante por la Fiscal de Ciberdelitos del MPF, Sofía Cornejo Solá.
El legislador está imputado como autor intelectual de las difamaciones presuntamente destinadas a alterar el orden público, pero la Justicia no avanzó en su contra porque goza de fueros parlamentarios.
Los empleados del Congreso Nacional, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, escucharon la sentencia del Juzgado de Garantías N°7, a cargo de Pablo Zerdán.
El juez les impuso penas de un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En la misma resolución el juez de Garantías también ordenó separar la acusación contra Estrada y formalizarla como una causa paralela.
Esto se debe a que, amparado en sus fueros, el legislador de La Cámpora no se presentó a declarar ante el Ministerio Público Fiscal.
“Hay pruebas contundentes contra Estrada, y en algún momento los fueros se le van a terminar. El expediente va a seguir ahí”, afirmó a un medio nacional una fuente judicial al tanto de la investigación.
Noticias criminis
La investigación se inició a partir del anoticiamiento (notitia criminis) sobre ciertos perfiles públicos anónimos en canales abiertos de comunicación (particularmente TikTok), donde se difundían videos cuyo contenido podría eventualmente incurrir en un delito de acción pública.
En esos videos, sistemáticamente se buscaba generar convencimiento sobre una supuesta vinculación entre el Gobierno de la Provincia y diferentes funcionarios con actividades relacionadas al narcotráfico.
En cumplimiento de las funciones propias del Ministerio Público Fiscal (ejercicio de la acción penal pública), y con el objetivo de establecer la existencia o no de una conducta que pudiera encuadrar en un delito de acción pública, se analizaron los videos publicados en esos perfiles anónimos o con titularidades ficticias.
En primer lugar, se evaluó si se trataba de publicaciones amparadas por la libertad de expresión de algún ciudadano, dado que este es un derecho fundamental en el marco del Estado de derecho.