Condenan a una banda que vendía drogas en la cárcel de Vª Las Rosas
El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado celebrada en la Sala 3 del Tribunal de Juicio, a cargo de la jueza Gabriela González.
En esa audiencia, cuatro mujeres y cuatro hombres fueron condenados por comercialización de estupefacientes agravada por cometerse en un lugar de detención. Los acusados reconocieron su responsabilidad en los hechos.
La investigación, que demandó meses de trabajo, permitió esclarecer la estructura de una organización delictiva que operaba dentro de la Unidad Carcelaria 1, dedicada al ingreso, acopio, distribución y comercialización de estupefacientes entre internos. A partir de pruebas contundentes obtenidas mediante intervenciones telefónicas, tareas de inteligencia criminal, vigilancia encubierta y allanamientos simultáneos, la Fiscalía logró acreditar la responsabilidad de los imputados, quienes recibieron penas de hasta doce años de prisión por comercialización de droga agravada en contexto de detención.
La intervención de UFINAR inició tras detectar movimientos irregulares dentro del penal, donde algunos internos accedían con facilidad a sustancias ilícitas, lo que generó alertas dentro del sistema penitenciario. La investigación permitió establecer la existencia de una red organizada compuesta por dos organizaciones criminales, con antecedentes penales en delitos contra la vida, la propiedad y la salud pública. Ambas, operaban con roles claramente definidos, lo que permitía el ingreso de estupefacientes al establecimiento bajo un esquema de alta planificación.
La maniobra delictiva tenía múltiples ramificaciones y se sostenía a través de una estructura bien definida.
La droga era introducida al penal por personas del entorno de los internos, que burlaban los controles de ingreso. Una vez dentro, la sustancia era fraccionada y distribuida a través de un sistema interno de comercialización, donde los pagos se realizaban tanto en efectivo como mediante transferencias electrónicas a cuentas de terceros.
Las intervenciones telefónicas resultaron fundamentales para reconstruir el funcionamiento de la organización. En numerosas conversaciones, los involucrados coordinaban el ingreso de la droga, pactaban la entrega a los reclusos y establecían mecanismos para el cobro de las transacciones. También se determinó que menores de edad fueron empleados en la gestión y traslado del dinero obtenido a través de las transacciones, lo que implicó la utilización de personas vulnerables en actividades ilegales.
Durante la investigación, en varias oportunidades, se detectaron intentos frustrados de ingreso de estupefacientes, lo que llevó a reforzar las medidas de seguridad dentro de la unidad carcelaria. Sin embargo, la sofisticación del sistema implementado por la organización delictiva permitió que la actividad continuara hasta que la investigación logró desarticular su estructura.
El punto de quiebre para la actividad delictiva se produjo cuando los fiscales de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, solicitaron el allanamiento de siete celdas de la Unidad Carcelaria, 18 viviendas y la detención de los implicados.
Las condenas
Carola Alejandra Campos Arancibia fue condenada a cuatro años de prisión efectiva por ser considerada partícipe secundaria en la comercialización de estupefacientes, agravado por ocurrir en un lugar de detención. Macarena Beatriz Zalazar o Salazar también recibió una condena de cuatro años de prisión efectiva, pero en modalidad domiciliaria. Marta Mariscal Ruiz fue sentenciada en las mismas condiciones Érica Tamara Figueroa, como autora material del comercio de estupefacientes con fines de comercialización, fue condenada a cuatro años de prisión efectiva. Alan Nahuel Arias recibió una pena de seis años de prisión efectiva por ser autor material del comercio de estupefacientes agravado por haber ocurrido en un lugar de detención. La unificación de su pena se diferirá hasta que quede firme la prisión perpetua que ya le fue impuesta. Carlos Javier Aparicio fue condenado a seis años de prisión efectiva