Condenaron al intendente de Aguas Blancas por abrir un paso ilegal en la frontera
El juez federal Julio Leonardo Bavio condenó a Sergio Oliva, intendente de Aguas Blancas, a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial de un año por incumplimiento de deberes de funcionario. La causa inició por la creación de un camino ilegal hacia la vera del Río Bermejo, alternativo al Paso Puerto Chalanas, en la frontera con Bolivia.
En dialogo con Nuevo Diario, Joaquín Vélez, abogado defensor del mandatario municipal aclaró que desde la defensa van a interponer un recurso ante la Cámara Federal de Casación para apelar la decisión del juez Bavio, quien interviene interinamente en el Juzgado Federal de Tartagal.
La condena alcanza la pena de 6 meses de prisión en suspenso, inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena y costas. A Oliva se lo acusa de ser autor penalmente responsable del delito de violación de los deberes de funcionario público., por haber abierto un camino ilegal en la frontera con el vecino país de Bolivia.
Vélez expresó que al no ser una sentencia firme, dado que tienen habilitada la instancia recusatoria, Oliva no solo no se vería inhabilitado a participar de las próximas elecciones, sino que tampoco debería “incidir” en su mandato actual.
La justicia corrió los autos al Concejo Deliberante, quienes ahora deberán evaluar si realizan un proceso de juicio político al tener al mandatario municipal condenado, o si esperarán que se resuelvan los recursos presentados por la defensa de Oliva.
“Si los concejales deciden actuar como jueces sin una sentencia definitiva, estarían cometiendo un delito de abuso de autoridad ellos mismos, porque somos todos inocentes ante la ley hasta que un juez nos declare lo contrario”, aseguró Vélez.
“Es necesario la sentencia definitiva para que el concejo deliberante pueda actuar, de hecho el juez solo le va a comunicar la existencia de la sentencia a efecto de que tomen razón”, aseveró.
Dado que la condena establece una inhabilitación por un tiempo determinado, el abogado dejo entrever que en caso la sentencia quede firme, impulsaran que el concejo no opte por la destitución sino por una licencia del cargo mientras perdure la sentencia, que al menos por lo que dicto Bavio, la misma sería de un año.
La defensa de Oliva tiene hasta el 21 de septiembre para apelar la sentencia, algo que adelantaron a este medio que harán.
El hecho
El jefe del escuadrón 20 de Gendarmería Nacional de Oran denuncio y la división de Aduana de Oran tomo conocimiento, que el 29 de abril de 2016, en horas de la tarde se observó una maquina retro excavadora contratada por el Municipio de Aguas Blancas, realizando aperturas de calle hacia la vera del rio Bermeo en cercanía al puerto de chalanas.
Al día siguiente según informó el medio local Diario El Oranense, la maquina continúo trabajando en la apertura de un camino nuevo en posición lateral al puesto de control de El Paltal, generando así una suerte de paso clandestino con acceso directo al territorio argentino.
Oliva declaró ante la justicia que la maquina había sido contratada de la Municipalidad de Pichanal, y el fin del trabajo en el río era la extracción de áridos para el arreglo de calles. En su indagatoria el mandatario municipal habría expresado que él no había autorizado la creación de ningún paso y que los que existían son de “vieja data”.
“El testigo conductor de la máquina retroexcavadora, empleado municipal de Pichanal, declaró que se encontraba trabajando por pedido del secretario del Intendente Jalil y que debía ponerse a disposición del intendente de Aguas Blancas tanto el como la maquinaria”, informó el medio local.
El hombre habría declarado “que un señor alto le dio las indicaciones donde debía trabajar incluido la zona en cuestión”.
Tras esto según figuró en la causa, Oliva habría reconocido que se dio la apertura del paso para sacar material del río. “El intendente dijo a la jusitica desconocer la normativa y la ley de frontera”, aseguró El Oranense.
“Lo que nosotros decimos es que el intendente no dio la orden para realizar la apertura de ningún camino, lo que hizo la maquina es arreglar las calles existentes a pedido de la misma aduana que le requiere al mandatario que le mejore algunas calles”, dijo Vélez al respecto.
Para el letrado, se está buscando hacer responsable al intendente por hechos que no le eran “propios”, sino que deberían ser la aduana y gendarmería quienes controlen las cuestiones migratorias.
“No se hizo una calle sobre la frontera sino se arregló sobre la existente, es una máquina retroexcavadora y sacaba ripio del rio. Es un rio de frontera, normalmente eso se hace en todos los ríos pero al ser de frontera justo dio el contexto”, afirmó el abogado de Oliva.