Confirman el pedido de desafuero contra el diputado Emiliano Estrada
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta resolvió declarar “mal concedida” la impugnación presentada por la defensa del diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, en el marco de una causa penal en la que se investiga su presunta participación en hechos de relevancia penal.
La resolución fue adoptada por mayoría en la Sala II del tribunal, con las firmas de los jueces Guillermo Federico Elías y Mariana Inés Catalano, mientras que el juez Alejandro Castellanos votó en disidencia parcial.
Según el fallo, el recurso presentado por la defensa del legislador no se encuadra dentro de las hipótesis contempladas en el Código Procesal Penal Federal y no plantea un agravio concreto de imposible reparación ulterior que habilite su análisis.
La impugnación buscaba revertir una resolución previa del Juzgado Federal N° 2 de Salta, que había rechazado el pedido de justificación por la inasistencia de Estrada a la audiencia de formalización de imputación, y resolvió solicitar al Congreso el inicio del proceso de desafuero.
Con esta decisión, el pedido de desafuero del diputado queda firme y el juzgado interviniente enviará las actuaciones correspondientes a la Cámara de Diputados de la Nación, conforme lo estipulado por la Ley 25.320 de Inmunidades Parlamentarias.
La Cámara Federal sostuvo que la audiencia de formalización no implica una medida restrictiva de la libertad ni vulnera derechos constitucionales, sino que constituye una instancia clave para que el imputado ejerza su derecho de defensa. Además, el tribunal recordó que la falta de comparecencia injustificada a dicha audiencia habilita al juzgado a requerir el desafuero legislativo, con el objetivo de asegurar la continuidad del proceso judicial.
Estrada está imputado como autor de los delitos de intimidación pública y peculado, en el que se investiga si utilizó fondos públicos en forma indebida. Se trata de una medida que había ordenado el pasado viernes el fiscal federal Carlos Amad, luego de que Estrada no se presentara a la audiencia en la que iba a ser imputado por el delito de malversación de caudales públicos.
Sospechan que incurrió en maniobras de peculado de servicios al haber usado mano de obra pagada por el Estado para beneficio propio. Es una calificación que prevé penas de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos.