Confirman violaciones de derechos humanos a personas privadas de la libertad en Salta

Se publicaron los resultados del informe nacional del Comité Nacional de Prevención de la Tortura que revelaron múltiples situaciones violatorias de los derechos fundamentales de las personas detenidas.

Las mismas fueron constatadas durante la visita de inspección y monitoreo en el Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone y el anexo Centro de Tratamiento para Personas con Medidas de Seguridad, la Unidad Carcelaria N°1, la Unidad Carcelaria de Mujeres N° 4, la Alcaldía General N°1 y la Granja Penal de Rosario de Lerma de la ciudad de Salta; en la ciudad de Orán, la Alcaidía N°3; en la ciudad de Tartagal, el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la ley Penal N°3; la Comisaría N°45; la Comisaría N°42; la Alcaldía N°2 y la Unidad Carcelaria N°5; y en la ciudad de Metán, la Unidad Carcelaria N°2. Los resultados profundizan lo observado meses atrás por el Comité de Salta.

Tal como lo publicara Nuevo Diario, en base al informe local, uno de los problemas principales reside en la detención prolongada de personas en comisarías y alcaidías, espacios por naturaleza solo destinados a alojamientos transitorios. Según indicaron desde Nación, al momento de la visita, 747 personas estaban detenidas en estos establecimientos, durante extensos períodos de tiempo y en condiciones paupérrimas de hacinamiento, falta de acceso a la alimentación, condiciones de higiene y servicios médicos adecuados.

Condiciones deplorables

En varias comisarías el hacinamiento se vio agravado por condiciones estructurales deficientes, que implican serios riesgos, así como la carencia de salidas de emergencia suficientes que eviten desenlaces fatales en emergencias. Además,  se advirtió  la presencia de personas durmiendo en espacios comunes en condiciones paupérrimas, con colchones tirados en el suelo  y absoluta falta de higiene. En el caso de las Alcaidías, solamente en la N°1 de Salta, la superpoblación es el gran problema, ya que cuenta con una capacidad de alojamiento de 350 plazas, pero al momento de la inspección había un total de 855. En cuanto a las condiciones materiales, los baños no funcionaban de manera correcta y suelen obstruirse por lo que habitualmente realizan sus necesidades en botellas; las celdas no cuentan con ventilación ni ventanas, lo que aumenta la temperatura y olores nauseabundos.

Exceso de prisión preventiva

Tanto en comisarías como en alcaidías penitenciarias, la proporción de personas procesadas es superior al 80%, lo que denota una utilización excesiva de la prisión preventiva y la ausencia de aplicación de alternativas por parte de las autoridades judiciales y del Ministerio Público. Esta circunstancia, indudablemente, lleva al perpetuamiento de las deficiencias estructurales y edilicias constatadas y a la profundización de las severas condiciones de hacinamiento y vulneración de derechos.

En las alcaidías visitadas, igual que en las comisarías, las instalaciones sanitarias se hallaron en pésimas condiciones e insuficientes para la cantidad de personas alojadas. La carencia de espacios de recreación apropiados provoca además el mantenimiento de prolongados períodos de encierro diario con escaso tiempo para la recreación (en muchos casos, tan solo una hora al día) que resultan compatibles con tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Aislamiento

En cuanto al trato, en varias alcaidías se relevó información sobre la aplicación de medidas disciplinarias tales como sanciones de aislamiento, aplicadas de manera directa por la Dirección del establecimiento respectivo y sin garantizar el debido proceso sancionatorio ni la posibilidad de impugnar la medida.

Se recibieron alegaciones de personas que fueron agredidas físicamente al

momento de ser trasladadas a estos sectores y durante la permanencia en estos lugares. Si bien se consignaron distintas situaciones, se registraron 9 casos acontecidos en el último año. Desde el Comité, advirtieron en el informe  y en ese sentido, que el uso generalizado del aislamiento en solitario representa en sí misma una situación violatoria de los derechos humanos y aumenta el riesgo de hechos de tortura, suicidios y autolesiones.

Alerta en salud mental

Se encontró asimismo una preocupante carencia de acceso a servicios de salud adecuados, incluyendo servicios de salud mental y terapia y acompañamiento psicológico, lo cual se ve agravado por la falta de acceso a servicios de telefonía y el carácter restrictivo de las visitas semanales, en algunos casos de apenas 15 minutos dos veces por semana y a través de un vidriado.

En materia de Salud Mental, urge la puesta en funcionamiento de la Ley Provincial N°8.323 que crea el Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) que  fue sancionada en 2.022 pero aún no se encuentra reglamentada. El CNPT solicita reforzar las acciones impulsadas para la adecuación a la nueva ley.

En cuanto a los centros de detención de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal se advirtió la realización de requisas y revisiones humillantes que son violatorias de los derechos humanos de las infancias, así como la falta de acceso a atención médica adecuada y la deficiente o nula capacitación del personal de salud en el examen y documentación adecuada de la tortura y los malos tratos.

Más denuncias por torturas y malos tratos

La comitiva que inspeccionó los organismos registró diversas situaciones compatibles con tortura y malos tratos. Algunos de estos casos (53), fueron incluidos bajo reserva de identidad; en 4 casos, se llevó a cabo la presentación de una denuncia penal, y 11 brindaron autorización para comunicar lo ocurrido a la autoridad competente.

Respecto de las denuncias realizadas (4), 3 de los casos se refieren a violencias ejercidas por el Servicio Penitenciario de Salta en la Alcaidía Penal N°2, en la ciudad de Orán. El restante refiere a un hecho de violencia policial, ocurrido en la Comisaría N°43, en la ciudad de Embarcación.

Con relación al contexto de los hechos, en 45 casos, fue el servicio penitenciario provincial la agencia señalada como responsable de los hechos. Respecto de los acontecidos en las unidades penales, se advierte que en su mayoría sucedieron en el interior de las celdas o pabellones de alojamiento (19). De acuerdo con lo informado, generalmente las agresiones se inician en esos espacios y continúan en pasillos (12) u otros sectores del establecimiento, tales como el área de sanidad (12), oficinas administrativas del personal o guardia (9), sector de aislamiento (9), y de educación (3). Cabe agregar que, en 17 casos (35%) se ejercieron agresiones en más de un espacio, extendiéndose estas golpizas en hasta 4 lugares distintos dentro de los establecimientos.

En relación con las circunstancias en las que se desencadenaron las agresiones registradas dentro de lugares de encierro, casi la mitad de los hechos sucedieron ante reclamos individuales o colectivos (23 de 53 casos) realizados por las personas presas debido a problemas de salud, alimentación y/o de vinculación familiar. Resultan especialmente preocupantes 3 casos en los que el servicio penitenciario intervino con violencia hacia personas que habían atravesado “intentos de suicidio” en el marco de medidas de fuerza extrema. Además, se identificaron formas combinadas de violencia con un promedio de 3 tipos de agresiones por víctima.