Conmoción e indignación por la habilitación de palabras discriminatorias para la discapacidad
La sociedad se encuentra conmocionada por estas horas, luego de que se diera a conocer que la Agencia Nacional de Discapacidad emitió una resolución que define criterios para medir la “invalidez laboral”, requisito para percibir pensiones no contributivas.
De este modo, una persona con algún grado de discapacidad intelectual es desde ahora considerada “idiota”, “imbécil” o “débil mental”. Esto se debe a que el gobierno de Javier Milei pasó a calificar con esas palabras, que dejaron de utilizarse desde hace décadas por su connotación negativa y discriminatoria, para avaluar a aquellos merecedores de una pensión por “invalidez laboral”.
Con fecha 14 de enero, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) emitió la resolución 187/2025, publicada en el Boletín Oficial, para definir los criterios que utilizará para medir la llamada “invalidez laborativa”, que a partir del Decreto 843/2024 volvió a ser un requisito para percibir pensiones no contributivas.
El organismo, conducido por Diego Spagnuolo, el ex abogado personal de Milei, estableció un nuevo Baremo para medir los grados de discapacidad de una persona, a partir de los cuales se le entregará o no una pensión no contributiva, que hasta enero de este año era de $261.000.
Publicó esa resolución, en el marco de las auditorías que viene realizando la gestión libertaria para justificar la baja por lo menos 200.000 pensiones este año, consignó el diario “Página 12”.
Las palabras “Idiota”, “imbécil y “retardado” se utilizaron para clasificar los distintos “grupos” de personas con alguna discapacidad cognitiva o psíquica, todos términos que se abandonaron no sólo porque resultan agraviantes sino porque, además, quedaron obsoletos hace varias décadas.
El contenido de la resolución
– “Según el CI los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero…”,
– “30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias.”
– “50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias”
– “Retardos Mentales: se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual”.
Rechazo total
La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y otras organizaciones civiles que representan a esa comunidad “interpusieron un reclamo administrativo para solicitar que sea dejada sin efecto en forma urgente la norma, al considerar que se vulnera de modo manifiesto los derechos de las personas con discapacidad”, entre otros impactos nocivos.
El sector cuestionó, en primer lugar, que la resolución pretenda “medir” la supuesta “invalidez” de las personas, y que lo haga recurriendo a criterios médicos que desconocen el modelo social de la discapacidad. “Este enfoque, que Argentina adoptó al ratificar y otorgar jerarquía constitucional a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), entiende que la discapacidad no es una cuestión individual asociada a una patología, sino que nace de la interacción entre ciertas características de las personas y las barreras presentes en los entornos que habitan. En consecuencia, no hay personas ‘inválidas’ para trabajar, sino que todas pueden hacerlo en la medida que se les proporcionen los apoyos que requieren.
En tanto, la Asociació Aralma rechazó a la Resolución 187/2025 publicada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el Boletín Oficial de la
República Argentina. Esta normativa, con fecha 16 de enero de 2025, establece criterios para la evaluación de invalidez laboral en las pensiones no contributivas e incluye una clasificación arcaica, discriminatoria y violatoria de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
En esa línea aseveraron que “Esta clasificación no solo es ofensiva, sino que desconoce los avances en los derechos de las personas con discapacidad y vulnera la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tratado de jerarquía constitucional en Argentina”.