Contratados en Desarrollo Social marcharán al Grand Bourg por falta de pago
Según Corina Mamani, vocera contratada del Ministerio de Desarrollo Social y dependiente de la Secretaría de Niñez y Familia, les deben sueldos de enero y febrero. Ratificó que de persistir la situación, se manifestaran en puertas del Centro Cívico Grand Bourg el viernes 4 de marzo.
Hay revuelo en la Secretaría de Niñez, Primera Infancia y Familia que conduce Carina Iradi, por sueldos impagos y el reclamo incluye también el pedido de designación temporaria dentro de ese organismo.
Mamani, asistente terapéutica contratada por el Ministerio de Desarrollo Social, como muchos otros profesionales que ingresaron a este organismo del gobierno durante la pandemia para reforzar la contención de jóvenes en hogares estatales, llegaron a los dos meses de sueldo impagos.
Iradi no les da una solución, solo les dice que "no sale la orden de pagó”. Mamani, a diferencia de la situación de muchos contratados de la provincia, afirmó que el financiamiento proviene netamente de la provincia por lo que está en potestad de los funcionarios del Ministerio y del Gobierno, solucionar la problemática.
“Hay compañeras que dependen exclusivamente de esto, tienen que pagar alquileres y ya les deben dos meses”, contó Mamani.
Agregó que muchos empleados de su condición "no tienen la posibilidad de acceder a otros trabajos por los horarios de cumplimento que imponen las jefaturas para los servicios de guardia de los jóvenes".
“Hay jefaturas que rotan los horarios cada dos meses, lo que imposibilita la posibilidad de tener otros trabajos”, sostuvo Mamani.
El pago, un reclamo constante
En primera instancia según detalló la terapeuta, ingresaron como prestadoras de servicio donde se les pagaba $150 la hora. Ante los reclamos por mayor estabilidad, la provincia procedió a contratar en el 2020 al personal que estaba prestando el servicio, por un monto de $14.000 y cumpliendo 30 horas semanales.
“En ese primer contrato se vulneraban nuestros derechos, por ejemplo cuando nos enfermábamos y presentábamos certificado médico, nos obligaban a devolver las horas que uno no cumplió por enfermedad”, explicó Mamani.
Desde ese momento, los contratados iniciaron una serie de protestas exigiendo mejoras en los contratos, que iban desde incrementos salariales y diferentes condiciones laborales.
En ese contexto, según indicó Mamani, mantuvieron una reunión con el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, Pablo Outes, donde no llegaron a un acuerdo.
En septiembre del 2021, el sector logró un incremento a $32.000, de lo que les quedaba $28.000 en mano dado que les descontaban el servicio de ART e IPS. Además al ser contratados, obligatoriamente deben contar con monotributo, que también deben pagar por su cuenta. Ante estos señalamientos, los reclamos continuaron hasta obtener un mejor acuerdo.
“En diciembre logramos un mejor acuerdo de $42.000 y donde se nos reconocían varias cosas como el articulo por enfermedad, entre otras cosas”, informó Mamani. Sin embargo, este nuevo acuerdo todavía no fue cobrado por las demoras en las órdenes de pago, por lo que se les adeuda los meses de enero y febrero.
Críticas al gremo ATE
“Nos vendieron por 14 mil en un contrato de locación”, disparó Mamani sobre el acuerdo que logró el gremio ATE en nombre del sector.
“Hemos presentado notas a ATE para que nos representen ya que ellos hicieron el contrato de locación, pero ellos no nos reconocen como trabajadores del Estado porque somos contratados”, contó Mamani.
Según la trabajadora, la secretaria general Mabel Alvarez les habría negado la representación sindical basada en que al ser contratados no pagan una cuota de afiliación. “Mabel Alvarez no nos recibe, ella personalmente nos dijo que acá solo viene el de planta”, concluyó.