Controversia en General Mosconi por posible aumento en las dietas de los concejales
La polémica por el incremento de la dieta de los concejales de General Mosconi generó un fuerte debate con la intendenta.
En declaraciones públicas, la jefa comunal expresó su incomodidad por la forma en que se abordó el tema dentro del Concejo Deliberante y cuestionó la falta de claridad en torno a los números reales.
“No quieren dar cifras concretas, no quieren decir cuánto se cobra hoy ni a cuánto se pretende llevar la dieta”, sostuvo. Según indicó, los concejales actualmente percibirían alrededor de dos millones de pesos, monto que consideró “un buen sueldo” en el contexto económico actual.
Palma Guerrero fue contundente al calificar como “imprudente” un aumento de esa magnitud.
“Con la situación económica que vive la gente, no es razonable que la clase política busque ubicarse tan por encima del pueblo. Mientras la sociedad se ajusta, la política se eleva”, afirmó.
Además, explicó que la Carta Orgánica Municipal establece que el salario del intendente es un 30% superior al de los concejales, por lo que una suba en las dietas legislativas impactaría automáticamente en su propio sueldo y en el de secretarios y directores.
“Aunque a mí me convendría en términos salariales, no es algo prudente”, remarcó.
La intendenta confirmó que el acuerdo ya fue firmado y se encuentra dentro del ámbito municipal, aunque aseguró que se están analizando mecanismos para evitar que avance y que se mantengan los montos actuales. En ese sentido, afirmó haber llamado a la “cordura” a los ediles.
A la controversia se sumó una fuerte denuncia pública del concejal Tiky Montenegro, quien difundió una carta abierta al pueblo de Mosconi en la que acusa a la presidenta del Concejo Deliberante, Norma Cabral, de haber enviado al Departamento Ejecutivo Municipal una “ordenanza trucha” vinculada al aumento de las dietas. Según Montenegro, en su descargo, la única moción aprobada, en la sesión, fue la actualización de la dieta conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin establecer porcentajes fijos ni aumentos escalonados. Esa votación terminó empatada cuatro a cuatro y fue desempatada por la propia presidenta del Concejo. Sin embargo, denunció que la ordenanza enviada al Ejecutivo incluye artículos que nunca fueron tratados ni aprobados, como incrementos del 10% en enero, 10% en febrero, 11,4% en marzo y nuevas actualizaciones posteriores.
Montenegro sostuvo que esta situación puede comprobarse en el acta de la sesión, los registros audiovisuales y la transmisión oficial del Concejo. “Legislar no es inventar textos ni enviar lo que a uno se le ocurre”, expresó, y reclamó transparencia, legalidad y respeto institucional.