Convenio del municipio de Orán, genera polémica por $12 millones al Concejo
Un convenio financiero entre la Municipalidad de Orán y el Concejo Deliberante encendió la polémica política y abrió un debate sobre el uso y control de los recursos públicos.
El documento, que autorizó una transferencia de 12 millones de pesos, fue presentado como un “anticipo de fondos”, aunque incluye una cláusula que libera al Concejo de la obligación de devolver el dinero, lo que contradice la figura legal utilizada.
El convenio firmado por el presidente del Concejo, Carlos Alberto Suárez, establece que la transferencia es “por única vez” y que no genera “reconocimiento de hecho ni de derecho a posterior devolución”. De esta manera, el organismo legislativo recibió fondos extraordinarios del municipio sin obligación de reintegro. A esto se suma que los recursos fueron girados antes de que el convenio fuera tratado en sesión, lo que cuestiona el respeto a los procedimientos de control y aprobación que deberían regir sobre el manejo del presupuesto público.
La defensa del presidente del Concejo
Ante la controversia, Carlos Suárez defendió la legalidad de la operación y apuntó contra la oposición por lo que calificó como un “montaje político”. Según explicó, el Concejo depende en su totalidad de los giros del Ejecutivo y, frente a la caída de la coparticipación, la asistencia se volvió necesaria para garantizar el pago de salarios y la cobertura social del personal. “Esto fue un trámite administrativo habitual. No hay margen para la sospecha cuando lo que está en juego es la previsibilidad de los sueldos”, sostuvo. Suárez también relativizó denuncias sobre presuntos empleados “ñoquis”, aclaró que cada concejal es responsable de su equipo y defendió la reducción de la planta política. Además, respondió a cuestionamientos mediáticos, como el caso de una trabajadora octogenaria en mesa de entradas, a quien reivindicó por su experiencia, recordando que su designación depende de la Municipalidad.
La explicación del intendente
Consultado sobre el tema, el intendente Baltasar Lara Gros buscó darle un marco administrativo a la asistencia. “El Concejo Deliberante es autónomo en el manejo de sus recursos, pero la baja en la coparticipación complicó sus finanzas. Este convenio busca asegurar su funcionamiento y que los trabajadores puedan cobrar sus sueldos en tiempo y forma”, afirmó. El jefe comunal reconoció que se trató de una asistencia extraordinaria. Primero sostuvo que no era un préstamo, aunque luego admitió que efectivamente se trataba de un anticipo de fondos. La ambigüedad sobre si corresponde o no devolverlos alimentó aún más la discusión política.
El debate se agudiza porque, hace más de un año y medio, el Concejo había obtenido autonomía presupuestaria para garantizar mayor independencia del Ejecutivo. La necesidad de recurrir nuevamente al municipio para sostener su funcionamiento aparece ahora como un retroceso en ese objetivo. Mientras desde el oficialismo se insiste en que se trató de una medida de emergencia para evitar el colapso administrativo, la oposición advierte que este tipo de maniobras afectan la independencia institucional y debilitan la transparencia en el manejo de fondos públicos.