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Crisis en el vertedero del Valle Calchaquí con paros, incendios y abandono político desde 2017

La crisis en el consorcio del vertedero de residuos de los municipios de Cafayate, San Carlos y Animaná se agrava con el paso de las horas, y ya no se limita a un problema ambiental: se trata de un quiebre anunciado que se extendió a lo político, social y laboral y que hoy pone en riesgo la salud de miles de habitantes del Valle Calchaquí.

La inminente paralización del servicio de recolección de residuos a partir del lunes 30 de junio por un paro general convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) evidencia la gravedad de un conflicto que lleva años sin resolución.

Un paro anunciado: trabajadores en condiciones infrahumanas

El paro, programado para el lunes 30 de junio y martes 1 de julio, involucra a trabajadores municipales de Cafayate, San Carlos y Animaná. Según denunció ATE Seccional Cafayate a medios locales, los empleados del vertedero y de la cooperativa que presta servicios allí trabajan en condiciones “infrahumanas”, sin elementos básicos de seguridad e higiene y con salarios precarizados, incluso por debajo de la línea de indigencia, tal cual lo detalló Nuevo Diario en ediciones anteriores.

El petitorio gremial no es nuevo y detalla demandas básicas:

Actualización e incremento salarial.

Entrega urgente de indumentaria y elementos de trabajo.

Informe sobre aportes a ANSES y situación previsional.

Cobertura de ART y obra social.

Elementos de seguridad, bioseguridad e higiene.

Sin embargo, ante la falta de respuestas, los trabajadores decidieron avanzar en una medida de fuerza que amenaza con paralizar la recolección de residuos y el saneamiento ambiental en toda la región.

Un consorcio con fondos insuficientes y deudas históricas

Sobre llovido mojado, la situación económica del consorcio del vertedero es crítica. Según informó Miriam Carrasco, contadora del ente regionalizado, los tres municipios aportan menos del 30% de los fondos necesarios para su funcionamiento mensual, que asciende a $13.418.723 lo cual es totalmente insuficiente para un funcionamiento óptimo:

Cafayate transfiere $2.647.780 (debería transferir $10.064.042).

San Carlos aporta $492.269 (cuando le corresponden $1.878.621).

Animaná gira $451.697 (sobre un compromiso de $1.476.059).

Este déficit millonario impide cubrir gastos básicos como el mantenimiento de maquinarias, insumos esenciales y salarios dignos, dejando a los empleados expuestos a la insalubridad y al riesgo físico diario.

Incendios permanentes: el desastre ambiental que se expande

Como si la crisis financiera y laboral fuera poco, el vertedero se encuentra en estado de emergencia ambiental. Incendios sin control se suceden en la trinchera colapsada desde 2017, contaminando el aire y afectando potencialmente las napas de agua subterránea de toda la zona. Cabe recordar que Nuevo Diario viene siguiendo la problemática desde su génesis y alertando sobre las consecuencias de este cuadro.

La solución estructural —construcción de una nueva trinchera y planta de tratamiento— demanda una inversión superior a los 300 millones de pesos, un monto inalcanzable para municipios que no pueden siquiera cubrir los salarios de sus trabajadores

El contraste: la política en actos protocolares y la basura ardiendo

Mientras los trabajadores protestaban durante toda la semana a la vera de la Ruta 40, exponiendo su salud ante las gélidas temperaturas, los intendentes Rolando Guaymas (Animaná), Rita Guevara (Cafayate) y María Vargas (San Carlos) participaban de un acto protocolar en Salta capital, recibiendo camionetas y potenciando campañas de promoción turística y cultural.

La escena generó un creciente malestar en la comunidad: operarios sin agua potable ni ropa de trabajo mantenían guardias en la entrada del basural mientras Guevara, por ejemplo, paseaba en la nueva Trafic municipal. El único contacto de la intendenta con los manifestantes fue un paso fugaz para comunicar un aumento del 40% en el aporte de fondos al vertedero, propuesta que los trabajadores descartaron por ser irrisoria: implicaba apenas 30 mil pesos de aumento para cada empleado, sin solucionar la falta de ART ni de seguridad laboral.

Una conciliación obligatoria que posterga, no resuelve

Ante la escalada del conflicto, la Secretaría de Trabajo de Salta dictó la conciliación obligatoria, con audiencia prevista para el martes 1 de julio a las 14:00. La huelga fue levantada provisoriamente a la espera de esa instancia, pero ATE advirtió que, de no lograrse un acuerdo concreto, las medidas de fuerza se reanudarán, esta vez con mayor radicalización.

La de nunca acabar

La crisis del vertedero no es nueva. Desde 2016, cuando se inauguró una planta de tratamiento que nunca funcionó, se multiplicaron las denuncias. En 2017, los incendios comenzaron a ser permanentes. En 2019, la Fiscalía Penal de Cafayate pidió informes al consorcio por el posible colapso de la planta, y en 2023 se declaró la emergencia ambiental, sin resultados concretos.

Incluso cuando el diputado provincial Peñalba anunció un aporte extraordinario de 30 millones de pesos para la construcción de una nueva trinchera con geomembrana, advirtió que dependía del compromiso de los municipios, compromiso que hasta el momento no se materializó.

La situación en el vertedero del Valle Calchaquí es el reflejo de una crisis de fondo: una gestión ambiental y social fragmentada, con intendentes concentrados en actos de marketing político con miras electorales mientras la salud y la dignidad de los trabajadores y vecinos quedan relegadas.

Como resumió a Nuevo Diario el periodista cafayateño Silvio Aguirre, quien oportunamente realizó las denuncias ambientales en 2017: “Nadie quiere ir a fondo con la solución. Cafayate, que es el municipio que más residuos produce, permanece en silencio. La provincia se lava las manos.

Mientras tanto, los incendios siguen avanzando, poniendo en riesgo a asentamientos, bodegas y viñedos”.

De no mediar soluciones inmediatas, la recolección y tratamiento de residuos en Cafayate, San Carlos y Animaná podría paralizarse la próxima semana, con consecuencias sanitarias y ambientales incalculables.

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