Abogado laboralista: es “una aberración” el decreto que restringe el derecho de huelga

El abogado laboralista David Duarte calificó como “un retroceso de más de cien años” el Decreto 340 que limita las huelgas en sectores clave. Denunció una estrategia del Gobierno nacional para disciplinar la protesta social e instalar una ideología que subordina el trabajo al capital.

El reciente Decreto 340/2025 dictado por el Gobierno Nacional encendió las alarmas en los sindicatos y organizaciones de derechos laborales.

La norma amplía la definición de “servicios esenciales” —aquellos en los que se restringe o se impide el derecho a huelga— a un abanico amplio y controversial de actividades, como la educación, el transporte y gran parte del sistema sanitario.

Para el abogado laboralista cordobés David Duarte, presidente de la Fundación FINES (Fundación para la Investigación y el Estudio Interdisciplinario del Derecho Social y el Trabajo), se trata de una “aberración jurídica y social”, y una afrenta directa a la Constitución Nacional.

“El decreto es un retroceso de más de 100 años. Limita la libertad de los trabajadores en el sentido más profundo, porque el derecho a huelga es inseparable de la libertad sindical, reconocida a nivel internacional desde 1919 con la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Argentina fue miembro fundador”, sostuvo Duarte en diálogo con el periodista Héctor Alí. Y agregó: “Justamente en 2019 celebramos los 100 años de la OIT, cuya bandera es la libertad de los pueblos a través de la justicia social.

Este decreto va en sentido contrario”.

La judicialización como estrategia de desgaste

Consultado sobre la posibilidad de aplicación efectiva del decreto, Duarte fue tajante: “Esto va a terminar judicializado, como ya pasó con el DNU 70. Pero al Gobierno no le importa, porque ni siquiera le importa nombrar jueces. Hay cientos de vacantes en la justicia federal y nacional. Saben que los procesos tardan años. Y mientras tanto, el trabajador no puede esperar, tiene que comer, pagar el alquiler, sobrevivir. Lo obligan a elegir entre la explotación o el hambre. Así disciplinan”. Según el especialista, el verdadero trasfondo del decreto es esa extorsión silenciosa: debilitar al movimiento obrero, quitarle herramientas de negociación y volverlo dócil frente a las imposiciones patronales.

El “servicio esencial”

La crítica más fuerte del abogado laboralista se centra en el artilugio legal que utiliza el decreto para incluir como “esenciales” actividades que, según Duarte, no lo son en los términos que establece la OIT. “Según la normativa internacional, solo pueden ser considerados esenciales aquellos servicios cuya interrupción ponga en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas. Hablamos de hospitales, agua potable, energía, gas o el control del tráfico aéreo. Pero ahora se incluyeron actividades insólitas como el transporte marítimo, la docencia o el transporte urbano”, explicó. Para Duarte, esta ampliación no responde a una lógica de protección social, sino a una estrategia ideológica: “Capital Humano, el ministerio que impulsa esta normativa, considera al trabajo humano como capital. Y el trabajo no es capital. Es una actividad humana, no un insumo. Esta lógica convierte al trabajador en un engranaje de un sistema de acumulación y lo despoja de derechos elementales. Es aberrante”.

La distorsión del derecho y la violencia simbólica

Duarte también apuntó contra los sectores empresariales que celebran la medida. “Se dicen laboralistas, pero son empresarialistas. Son asesores de empresas, no defensores del derecho laboral. Y salen a decir que la huelga tiene que tener límites, cuando en realidad lo que quieren es que no exista. El derecho a huelga ya está regulado: lo que no se puede hacer es imponer condiciones que lo vuelvan inviable”, dijo, en referencia a la cláusula del decreto que exige garantizar el 75% de asistencia durante una huelga en servicios considerados esenciales. “Eso no es una huelga. Si el 75% tiene que asistir, ¿quién hace la huelga? ¿Los delegados? Es una locura”, subrayó. El abogado también recordó que, en la legislación laboral argentina de los años 70, como la Ley 20744, se reconocía que, si la huelga era provocada por incumplimiento del empleador, no se podía descontar el salario. “Hoy se estigmatiza la huelga y se naturaliza que el empleador tenga el poder absoluto. Se está vulnerando el principio constitucional de que el trabajo debe ser protegido por las leyes”, denunció.

El “corralito salarial” y la no homologación de paritarias

Como si la restricción a la huelga no fuera suficiente, Duarte alertó sobre otra herramienta silenciosa de disciplinamiento que el gobierno viene utilizando: el freno a la homologación de acuerdos paritarios. “Muchos convenios, como en el sector comercio, fueron acordados entre gremios y empresarios, pero el Estado no los homologa. Esto genera un ‘corralito’ al salario, y produce un enorme desfasaje entre el poder adquisitivo y el ingreso real de los trabajadores”, explicó.