Denuncia penal al interventor del IPS por vaciamiento y omisiones graves
Un nuevo capítulo de tensión se agrega al intervenido Instituto Provincial de la Salud, la obra social más grande de la provincia de Salta y la que contiene a la totalidad de los empleados de las administraciones provincial y municipales.
Y es que la diputada provincial Laura Cartuccia, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Salta, presentó una denuncia penal contra el actual interventor del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), Emilio Savoy Uriburu, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia fue radicada ante la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública y se basa en una serie de hechos administrativos y omisiones que, según la legisladora capitalina, configuran graves irregularidades en el marco del proceso de intervención del organismo.
Cabe recordar que la intervención del IPS fue dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del Decreto N.º 108/25, publicado el 25 de febrero de este año, con el objetivo de ordenar, auditar y sanear la institución frente a una crisis financiera estructural sin precedentes. No obstante, Cartuccia sostiene que lejos de corregir el rumbo, la intervención profundizó el deterioro institucional y económico del organismo, y esto quedó expuesto para la legisladora, el pasado viernes en el marco de la conferencia de prensa que dio Savoy Uriburu.
Uno de los puntos clave de la denuncia surgió de una de las preguntas durante la citada conferencia, y apunta a la designación de la Dra. Gladys del Socorro Sánchez, ex integrante del Directorio del IPS, en dos cargos estratégicos durante la intervención: primero como Coordinadora de Prestaciones Médicas y luego como Subgerente de Servicios Propios. Ambas designaciones, formalizadas mediante la Resolución N.º 0081-I/25, fueron posteriormente revocadas por el propio interventor, aunque la diputada considera que estas reincorporaciones contravienen el espíritu de la intervención, cuyo propósito era precisamente revisar y auditar la gestión anterior.
Además, Cartuccia remarcó la gravedad del hecho de que desde febrero no se ha presentado ningún informe ante la Legislatura, como exige el decreto de intervención, ni se han registrado avances significativos en las auditorías ni en la recuperación de fondos de otras jurisdicciones.
“La verdad no se tapa con palabras suaves”
Tras la conferencia de prensa de Savoy, Cartuccia salió con los tapones de punta en sus redes sociales, para exponer lo que consideró inconsistente de lo vertido en tal convocatoria. A través de un comunicado y una imagen difundida, la legisladora criticó duramente la reciente conferencia de prensa del interventor Savoy Uriburu. “El interventor habló de déficit, pero no dijo una palabra de los verdaderos problemas. La verdad no se tapa con frases suaves: el IPS fue vaciado desde adentro”, expresó.
Para Cartuccia, la gestión de Savoy “omite deliberadamente” hablar de sobreprecios, tercerizaciones sin control, deudas impagas y pagos por servicios no prestados, entre otras irregularidades.
También lo acusó de presentar una “narrativa edulcorada” que busca blindar su rol político ante el gobernador y la opinión pública. “El interventor miente por omisión y presenta una narrativa edulcorada que intenta responsabilizar exclusivamente al contexto macroeconómico para ocultar su propia gestión deficiente. Evita hablar de privatización encubierta, tercerizaciones y pérdida de control del sistema, y se presenta como garante de prestaciones cuando en realidad hay un colapso administrativo interno”, afirmó la diputada.
En este contexto, Cartuccia reiteró su compromiso con la defensa del organismo. “Y lo vamos a defender desde afuera, con la ley, con la verdad y con la fuerza de quienes no nos callamos más”, señaló. Además, subrayó que “el gobernador tiene una visión clara sobre el IPS, y sería valioso que esa línea se vea reflejada de manera más firme y sostenida desde las áreas correspondientes. Como diputada, estoy dispuesta a colaborar para que eso ocurra”. La denuncia solicita que se investigue si los hechos relatados constituyen delito y propone requerir documentación a los organismos involucrados, así como la citación a declarar al interventor.
Savoy informó el viernes que la deuda de 25 mil millones con la que asumió al momento de intervenir la obra social está cancelada. En ese sentido, destacó que el Gobierno siempre pone más fondos de lo que se recauda y afirmó que hay un déficit entre 5 mil y 7 mil millones de pesos, que no se llega a cubrir con lo que aportan los afiliados.