Denuncia penal de 6.000 fojas deja al municipio de Cafayate al borde de una crisis
Nuevo Diario accedió al contenido central de la denuncia penal presentada por el Concejo Deliberante de Cafayate contra la intendenta Rita Guevara y distintos funcionarios de su gabinete, por presuntas irregularidades administrativas, contables y penales vinculadas a las ediciones 2024 y 2025 de la Serenata a Cafayate.
La Auditoría General de la Provincia también quedó bajo observación por su supuesta inacción frente a las advertencias formales del cuerpo legislativo.
La denuncia como punto de quiebre
El 2 de diciembre ingresó oficialmente a la Justicia provincial la denuncia penal elaborada por el abogado Franco Gorriti, presentada en representación del Concejo Deliberante y radicada en la Unidad de Delitos Económicos Complejos bajo el expediente 11753/2025.
La presidenta del cuerpo, Raquel Humano, firmó la presentación en cumplimiento de los deberes de funcionaria pública y por las responsabilidades institucionales que pesan sobre ella. El documento, de más de 6.000 fojas, reúne evidencia administrativa, contable y testimonial que, según los denunciantes, revela un entramado de irregularidades que compromete de manera directa a la administración municipal y que podría alcanzar también a la Auditoría General de la Provincia por presunto incumplimiento de sus obligaciones legales.
Errores, contradicciones, y un desorden contable que no encuentra explicación
Según explicó Gorriti a Nuevo Diario, la denuncia sintetiza un extenso listado de inconsistencias que se repiten en distintos niveles de la gestión. La documentación exhibe errores de tipeo que modifican montos, diferencias entre los valores declarados y los movimientos bancarios reales, contradicciones entre las declaraciones públicas de funcionarios y los documentos que ellos mismos firmaron, así como la existencia de dos versiones distintas de la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2024.
Una de esas versiones fue presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal y la otra por el contador José López, quien además incluyó ajustes posteriores capaces de alterar significativamente los números ya asentados.
A lo largo del expediente se describen inexactitudes severas en los rubros de ingresos, egresos, ventas, contratos y destino final de los fondos municipales. También se señalan contratos otorgados a funcionarios, familiares o personas vinculadas al gabinete que administró la Serenata, junto a gastos sin comprobantes, documentación sin respaldo y ausencia de informes finales de empresas contratadas, como ocurrió con Pase Show en 2025, un hecho que contrasta con el año anterior, cuando sí se presentó la documentación requerida.
El análisis de las cuentas bancarias revela además movimientos contradictorios entre lo declarado en las rendiciones y la operatoria real.
Las diferencias entre la Serenata 2024 y la Serenata 2025 fueron calificadas por los investigadores como “irreconciliables”. En varios documentos aparecen datos que, según la denuncia, resultan inexactos, contradictorios o directamente falsos.
El rol cuestionado de la auditoría
El Concejo Deliberante había remitido formalmente a la Auditoría General de la Provincia su informe preliminar, dando inicio a un expediente administrativo que obligaba al organismo a evaluar las irregularidades detectadas. Sin embargo, según consta en la denuncia, la Auditoría no actuó, no investigó y tampoco presentó denuncia alguna, a pesar de haberse reunido personalmente con la intendenta Guevara luego de que el municipio presentara la cuenta general del ejercicio 2025. Para los denunciantes, esa reunión descartaría por completo la posibilidad de desconocimiento y colocaría a los auditores frente a la posibilidad de haber incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La falta de acción de la Auditoría motivó incluso que concejales pidieran la revisión de rendiciones de cuentas de años anteriores, ante la sospecha de que el organismo no habría detectado irregularidades en ejercicios previos o que, en caso de haberlas detectado, no las habría informado ni denunciado. Esa posibilidad abre un frente institucional inédito y cuestiona el funcionamiento integral del sistema de control provincial.
El perjuicio al erario público
La Comisión Investigadora del Concejo analizó la documentación disponible y concluyó que, debido a la magnitud de las inconsistencias, no es posible definir una cifra exacta del perjuicio económico. Sin embargo, estimó un rango de entre 90 y 200 millones de pesos correspondientes a fondos que no aparecen, no coinciden o directamente no fueron rendidos. Entre los ejemplos más significativos, los concejales señalan la declaración de 25 millones de pesos como “ayuda financiera” que, en realidad, correspondían a fondos de coparticipación destinados a otros fines. También detectaron 65 millones de pesos ubicados en un fondo común de inversión sin explicación clara sobre su origen o la justificación para colocarlos allí, así como la existencia de otro movimiento de 165 millones de pesos retirados de una cuenta municipal y reinvertidos bajo una supuesta “ganancia” que no coincide con ningún documento respaldatorio.
A estos casos se suma la diferencia bancaria de 1.842.173,07 pesos detectada en una rendición, acompañada de ajustes posteriores ingresados para “compensar” errores registrados previamente por el Departamento Ejecutivo Municipal.
Lo que viene
La Fiscalía deberá analizar ahora el extenso contenido del expediente y determinar si corresponde agravar la carátula de la causa. Se esperan pedidos de medidas probatorias, citaciones, revisión de cuentas bancarias, pericias contables y posibles ampliaciones de la denuncia. Un punto clave es que la acción penal no puede frenarse. Incluso si los nuevos concejales decidieran no impulsar la causa, cualquier edil —incluidos los que concluyen su mandato este año— puede presentarse para continuar el trámite judicial. No hacerlo, advierten los abogados, podría derivar en responsabilidades penales por omisión.