En Salvador Mazza, la familia Gilías Sorso acusa a ediles locales de promover la ocupación ilegal de sus tierras en el barrio 28 de Marzo. La causa ya fue judicializada y se notificó formalmente al Concejo Deliberante.
Una grave denuncia penal fue presentada esta semana en Salvador Mazza contra los concejales Gladys González y Gerardo Argañarás, a quienes se acusa de haber instigado la usurpación de terrenos pertenecientes a la familia Gilías Sorso.
Los hechos se habrían producido en el barrio 28 de Marzo, sobre un lote de aproximadamente 12 hectáreas que está en proceso sucesorio, según consta en el expediente judicial 46092/17.
La denuncia fue radicada por Marina Juana Gilías, quien afirmó que tanto González como Argañarás, junto a Nicolás López —identificado como miembro de RENABAP— habrían ingresado al predio acompañados por un periodista y mantenido reuniones con los ocupantes irregulares.
La denunciante sostiene que las visitas tuvieron como objetivo alentar a los intrusos a mantenerse en el lugar, pese a que existe una medida cautelar vigente que prohíbe nuevas ocupaciones.
Además de la presentación judicial, los denunciantes elevaron una nota al presidente del Concejo Deliberante de la localidad, Ricardo Torres, para informar oficialmente sobre la situación y solicitar que se investigue internamente la posible responsabilidad de los ediles.
En la misiva también se pide que se garantice el cumplimiento de las disposiciones judiciales vigentes.
La medida cautelar mencionada —identificada como EXP 918475/25— impone restricciones en el predio e insta a funcionarios públicos a abstenerse de intervenir en el conflicto, en especial en carácter de autoridades.
El caso generó fuerte repercusión en la comunidad, dado que pone en tela de juicio la actuación de representantes del poder legislativo municipal en un conflicto legal por tierras. También reaviva el debate sobre la intervención de actores políticos en tomas de terrenos en el norte provincial.
Según se desprende de la denuncia, la propiedad afectada está registrada con los catastros N° 4367 y 4362, y comprende la zona delimitada por las calles Bartolomé, 25 de Mayo y Fragata Libertad.
La familia Gilías asegura contar con la documentación legal que acredita la titularidad y reclama que se frene cualquier intento de avance sobre el terreno en disputa.