Denuncian exclusión de comunidades indígenas y campesinas en El Plan de OTBN de la provincia

A la serie de inconsistencias ya denunciadas, como la introducción del extraño “color marrón” en el trazado del nuevo Mapa de Ordenamiento Territorial de la provincia de Salta -que pretende ser aprobado próximamente-, desde la Fundación Cebil alertaron sobre el incumplimiento en la consulta a las comunidades indígenas y campesinas, como lo exige la Ley Nacional de Bosques.

En diálogo con Nuevo Diario, Verónica Ardanaz, titular de la Fundación, dio detalles de la decisión de la organización de verificar por su cuenta si las comunidades indígenas y campesinas de la provincia de Salta habían sido realmente consultadas como lo exige la Ley Nacional de Bosques. Según Ardanaz, la decisión fue impulsada por las inconsistencias que percibieron a lo largo del proceso llevado adelante por la Secretaría de Ambiente.

El relevamiento

El equipo de Cebil, acompañado por voluntarios de Greenpeace, realizó un recorrido exhaustivo por la zona norte de la provincia de Salta, visitando comunidades desde Pichanal hasta Tartagal, y en áreas como Orán, donde habitan pueblos wichí y otras comunidades indígenas organizadas bajo agrupaciones como Tinkunaku y otras. Durante estas visitas, el objetivo principal era preguntar a los referentes locales si habían sido informados o consultados sobre el nuevo Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, y, más específicamente, si sabían que sus territorios habían sido recategorizados bajo un color marrón, una categoría inexistente en la Ley Nacional de Bosques. La respuesta de los consultados fue negativa y las dudas confirmadas.

“Nosotros, después de la acción que hicimos frente a la Legislatura provincial, conversando entre todos los voluntarios, tomamos la decisión de salir a los territorios a ver si era cierto que las comunidades habían sido consultadas, como sostenían los técnicos del gobierno”, explicó Ardanaz. El resultado de este relevamiento fue contundente: ninguna de las comunidades visitadas había sido informada sobre el proceso de recategorización ni sobre el uso de esta nueva clasificación marrón. “En todos los casos, nos dijeron que no sabían absolutamente nada, menos que existía un color marrón y menos que era ilegal”, afirmó la vocera de Cebil.

Este viaje de consulta y verificación se enmarcó en un contexto de preocupación creciente dentro de las organizaciones que conforman el Consejo Asesor previsto por la Ley Nacional de Bosques. A pesar de que Cebil había participado en las pocas instancias de consulta organizadas por la Secretaría de Ambiente, notaron una serie de irregularidades y falencias en el acceso a la información y en los criterios utilizados para justificar las decisiones del nuevo mapa de ordenamiento. Ardanaz subrayó que “los pocos talleres que hicieron fueron pobres, sin información clara”, lo que dificultó que las comunidades comprendieran de qué se trataba el proceso y sus implicaciones.

El marrón es la categoría que permite la flexibilidad de la ubicación de los desmontes

La cuestionada metodología Q

Además, otro obstáculo significativo fue el uso de metodologías inadecuadas para garantizar la participación de las comunidades. “Utilizaron una metodología que le llamaron ‘metodología Q’, que no estaba contemplada en la Ley de Bosques. La ley tiene su propia metodología de participación indígena”, explicó la vocera, denunciando que la realizada por provincia no se ajustaba al contexto de las comunidades locales, muchas de las cuales tienen dificultades tecnológicas o de conectividad que complican la participación en talleres virtuales. De hecho, la Fundación Cebil también observó que muchas de las reuniones realizadas por la Secretaría de Ambiente se realizaron de forma virtual, excluyendo indirectamente a muchas comunidades rurales e indígenas que no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para participar.

El proceso de consulta que realizó la organización salteña junto a Greenpeace, por su parte, fue detallado y presencial, cumpliendo con lo que debería haber sido un requisito esencial en la propuesta de ordenamiento de la Secretaría de Ambiente. Durante el recorrido, la fundación no solo informó a las comunidades sobre los cambios que se estaban proponiendo para sus territorios, sino que también recolectó sus testimonios y preocupaciones. Esta metodología de diálogo directo con los dirigentes locales reflejó un contraste profundo con la forma en que el gobierno provincial llevó adelante las supuestas consultas, y permitió a las comunidades organizarse para demandar respuestas.

Ardanaz también destacó la importancia de estas visitas para movilizar a las comunidades hacia acciones más colectivas. “Durante todas estas semanas, las comunidades iniciaron asambleas para informar a todos sus integrantes, porque no solo hablamos con referentes importantes de las organizaciones, sino que hay muchísimas comunidades en la provincia, con una gran diversidad cultural”, señaló. Este proceso de movilización interna permitió que las comunidades tomaran conciencia de los cambios que afectaban sus territorios y comenzaran a organizarse para rechazar las medidas impuestas sin su consentimiento.

Al documentar que las consultas previas no se habían realizado, y al activar un proceso de información y organización, Cebil no solo cuestionó la legalidad del nuevo mapa de ordenamiento territorial, sino que también reivindicó el derecho de las comunidades a ser protagonistas en la defensa de sus tierras y bosques.

Contra viento y marea

El nuevo mapa de ordenamiento territorial propuesto no solo amenaza la biodiversidad y los ecosistemas forestales de la provincia, sino que también vulnera los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, quienes siguen esperando ser escuchadas en este proceso crucial para el futuro de los bosques nativos de Salta. “Es totalmente un mamarracho e ilegal”, sentenció Ardanaz, quien espera que los legisladores provinciales tomen conciencia de la gravedad de la situación y exijan al Ejecutivo que realice el ordenamiento territorial como corresponde. “No tienen que inventar nada, solo seguir lo que la ley marca”.

No obstante, el Ministerio de la Producción y Desarrollo Sostenible de Salta anunció en julio que presentaría el proyecto a la legislatura sin modificaciones, y semanas atrás, desde el sector del campo pidieron celeridad para el tratamiento de estas peligrosas modificaciones.

La suma de las irregularidades

Según el informe de Greenpeace, desde la sanción de la Ley en 2007 hasta 2022, la provincia de Salta ha perdido 714.052 hectáreas de bosque nativo, muchas de las cuales fueron deforestadas ilegalmente en zonas protegidas. A pesar de la gravedad de estas deforestaciones, no se han implementado medidas de restauración ni se han respetado las categorías originales en la actualización del mapa, una violación flagrante de la normativa nacional. Uno de los puntos más preocupantes para los activistas es la inclusión de un “color marrón” en el nuevo mapa, una categoría que, según Ardanaz, “no existe en la Ley de Bosques”. Esta nueva clasificación permitiría la deforestación en áreas que previamente estaban protegidas bajo las categorías rojo y amarillo, lo que ha generado alarma entre las organizaciones ambientalistas. “El color marrón jamás se discutió en ninguna de las instancias de participación”, afirmó Ardanaz.