Denuncian más contratados foráneos en la Municipalidad de Tartagal
La contratación de periodistas, consultores políticos, diseñadores y creadores de contenido que no residen en Tartagal volvió a sembrar alarma. La ex concejal Silvia Zabala difundió documentación correspondiente a 2024 y 2026 y denunció que el Ejecutivo municipal habría utilizado recursos aportados por los contribuyentes para pagar tareas que, según sostuvo, estarían vinculadas con la estrategia política del intendente Franco Hernández Berni.
Los nombres aparecen en distintas resoluciones mediante las cuales se incorporó personal bajo la órbita de la Intendencia, la Secretaría de Gobierno y la Jefatura de Gabinete. Todos cuentan con número de legajo, una condición que, de acuerdo con Zabala, los convierte formalmente en empleados municipales, con aportes previsionales y cobertura de obra social. “Es agresivo el discurso municipal cuando dicen que solo fueron un par de meses”, cuestionó la ex edil. Además, advirtió que algunas de las personas contratadas estarían especializadas en manejo de crisis, encuestas, investigación política y estudios sociales, actividades que —según denunció— “no benefician en nada a Tartagal”.
Periodistas, estrategas y creadores de contenido
En la Resolución 26.979, emitida en 2024, figuran, entre otros, Cecilia Victoria Ávalos, presentada como redactora y correctora; Daniel Alberto Cuadrado, residente en Salta y vinculado con la investigación política; y Juan Adolfo Grande, administrativo del Ministerio de Educación provincial, ex director general de Personal y ex candidato a concejal por la capital salteña. También aparecen Lucas Nicolás Herrera Troyano, artista independiente y creador de contenido; María del Rosario Mendieta Ulivarri, periodista de Cadena Máxima y conductora del programa “Muteado”; Eduardo Enrique Rivero, diseñador gráfico y web con domicilio en Salta capital; y Guillermo Alejandro Toconas, periodista deportivo y conductor radial. La nómina incluye además a Eduardo Sansone Marín, investigador político y empresario, ex secretario de Participación Ciudadana de la ciudad de Salta; Facundo Cattaneo Caino, consultor político especializado en estrategia y manejo de crisis; y Lisandro Martín Vives, creador digital, oriundo de Buenos Aires, registrado en actividades de investigación y desarrollo experimental en Ciencias Sociales. A ellos se suman nombres divulgados anteriormente, como Carlos Páez, Cristina Mena Carrazán y Julio Ramón De Vita. Este último es periodista, responsable de FM Pacífico en Salta capital y conductor del programa “Es lo que hay”. Su contratación ya había motivado un pedido de informes en el Concejo Deliberante. Zabala señaló que varios nombres vuelven a aparecer en la Resolución 26.767 de 2026 y puso en duda la explicación oficial que reduce las contrataciones a períodos breves. Para acceder a un legajo, recordó, las personas incorporadas deben presentar documentación personal, antecedentes y títulos, entre otros requisitos administrativos.
Más contratos en análisis
Según el relevamiento difundido por la ex concejal, la Resolución 26.979 comprende a 267 empleados contratados desde el 2 de agosto de 2024, sin plazos de finalización definidos en la documentación analizada. La Resolución 26.767, en tanto, alcanza a 213 trabajadores cuyos contratos se extendieron entre el 2 de enero y el 30 de junio de 2026. A esa nómina se agregan seis empleados incorporados mediante la Resolución 27.777, desde el 13 de enero hasta el 30 de junio, y otros cinco incluidos en la Resolución 27.817, con vigencia desde el 3 de marzo hasta la misma fecha. Aunque los últimos contratos informados concluyeron formalmente el 30 de junio, Zabala advirtió que podrían haber sido renovados a partir del 1 de julio o reemplazados por nuevas incorporaciones. Esa posibilidad, sin embargo, todavía no fue acreditada con documentación pública.
Pedidos de informe sin respuesta
La controversia ya llegó al Concejo Deliberante, donde ediles opositores impulsaron pedidos de informes para conocer las funciones desempeñadas, los lugares de trabajo, los montos cobrados y los criterios utilizados para seleccionar al personal. Según denunciaron, esos requerimientos fueron aprobados, pero el Ejecutivo de Hernández Berni aún no habría enviado las respuestas correspondientes. “El Concejo debería intervenir”, sostuvo Zabala, quien también cuestionó el silencio de buena parte del cuerpo legislativo. Mientras la Municipalidad no presente la información solicitada, seguirán abiertas las preguntas centrales: qué tareas realizaron los contratados, cuánto dinero público se destinó a sus remuneraciones y cuál fue el beneficio concreto de esas incorporaciones para los vecinos de Tartagal.