En la Subcomisaría de Santa Victoria Este, departamento Rivadavia Banda Norte, persiste un clima de fuerte tensión interna y cuestionamientos a la conducción actual de la dependencia.
Desde principios de este año, el subcomisario Oscar Emilio Valdiviezo y su esposa, la sargento Cintia Rojas, asumieron el mando de la seccional, pero su gestión ha estado rodeada de denuncias, reclamos y divisiones dentro de la fuerza.
Entre los hechos más graves señalados por personal policial y vecinos figuran acusaciones de discriminación a originarios y hacia efectivos de origen indígena y criollo, amenazas laborales, maltrato, irregularidades en el cumplimiento de horarios y supuestos cobros indebidos por certificados de intransitabilidad a docentes de la zona.
Según testimonios, cada trámite costaba alrededor de tres mil pesos, sin recibo oficial, lo que despertó denuncias por presunto fraude al Estado
La situación generó malestar entre los caciques de comunidades wichis, quienes lamentaron el traslado de un efectivo originario que solía cumplir funciones de traductor para la toma de denuncias. “Muchos pobladores no pueden expresarse en castellano y ese acompañamiento era fundamental para garantizar el acceso a la justicia”, expresaron referentes locales.
Fuentes consultadas remarcaron que mientras los informes internos contra ciertos efectivos avanzan con rapidez, las denuncias formales que apuntan a la conducción de la dependencia no registran hasta ahora avances concreto. De hecho, las amenazas ya se convirtieron en acción tras el traslado de dos efectivos.
En ese contexto, se mencionan prácticas de hostigamiento, amenazas con sanciones o traslados y manipulación de documentación administrativa, además de frecuentes ausencias de los jefes en los horarios de servicio.
El malestar no es nuevo. Desde marzo, abril y mayo, en plena temporada de lluvias, docentes y vecinos advirtieron sobre la emisión de certificados irregulares y elevaron quejas al 911 y a organismos superiores.
También se sumaron reclamos por la falta de protocolos adecuados en situaciones críticas, como la desaparición de un menor en la zona, donde se cuestionó la falta de acción del jefe.
Hasta el momento, denuncias radicadas en dependencias de Tartagal y presentaciones anónimas realizadas ante superiores no habrían tenido respuestas concretas.
Esto incrementa el malestar de parte del personal, que asegura sentirse desprotegido y teme represalias.
La convivencia interna en la subcomisaría se describe como “nula”, con un sector del personal alineado con la jefatura y otro en abierta disconformidad.
En un territorio donde la confianza en las instituciones es clave, los reclamos apuntan a la necesidad de una intervención que garantice el buen funcionamiento de la dependencia, el respeto por los derechos del personal policial y la atención adecuada a una población atravesada por la vulnerabilidad social y lingüística.