Desde hoy juzgan a 20 acusados por distribución y venta de drogas en la cárcel
Se trata de una causa que fue denunciada y tras lo cual se inició una profunda investigación donde se imputaron a ocho agentes penitenciarios entre los que hay tres que ocupaban cargos jerárquicos.
Entre los funcionarios penitenciarios acusados se encuentran Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Guaymás, Luis Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Arjona y Marcos Bucotich García.
A ellos se les imputa el delito de exacciones ilegales agravadas (concusión), comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de más de tres personas en un lugar de detención, y asociación ilícita, todo en concurso real.
También están involucrados internos y familiares, acusados principalmente de tráfico agravado de drogas y pertenencia a una organización ilícita.
Entre ellos figuran Manuel Méndez, María Inés Méndez, Héctor Gustavo Banega, Ivana Gutiérrez, Nicole Luna, Yanina Chaju, Patricia Flores, Silvana Avendaño, María Galindo, Josué Valencia y Andrea Alba.
En tanto, Baldomero Darío Córdoba está acusado como partícipe necesario en el delito de exacciones ilegales agravadas.
Se trata de una de las causas más significativas en los últimos años vinculadas al narcotráfico en contextos de encierro en la provincia.
Las acusaciones reflejan una posible red estructurada que involucraba a agentes estatales en actividades criminales dentro del sistema penitenciario.
El propio procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, junto a los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, que integran la Unidad Fiscal representará al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate
Al inicio de la causa se señaló que se trató de una compleja investigación que culminó con 37 allanamientos simultáneos y la detención de 16 personas, entre ellas, varios miembros del Servicio Penitenciario de Salta.
Según explicaron oportunamente se intervinieron líneas telefónicas y se analizaron movimientos en 113 cuentas bancarias, tanto físicas como virtuales.
Los operativos incluyeron celdas en la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas y en diversos domicilios particulares.
“La investigación se centró en una estructura de corrupción dentro del penal, donde funcionarios facilitaban a los internos beneficios indebidos, así como el ingreso de objetos prohibidos como celulares, cargadores y alimentos, a cambio de dinero”, indicó la fiscal Salinas Odorisio.
Además, al momento de informar a la prensa la funcionaria aclaró que durante el proceso se descubrió el ingreso de estupefacientes al penal, lo que motivó la intervención de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR).
Mientras que el fiscal Santiago López Soto explicaba que, si bien ya existían causas previas sobre tráfico de drogas en el penal, esta es la primera vez que se logra identificar con claridad la estructura, los mecanismos de ingreso y el rol clave que cumplían algunos familiares de los internos.
En ese sentido cabe recordar que, en marzo de este año, una banda de características similares con esa actividad delictiva en el penal, sus miembros recibieron condenas de entre 4 hasta los 12 años de prisión.
El debate está previsto se inicie a las 8 en el salón de los grandes juicios y el tribunal está integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar.