Desde la UNSa advierten que Claros movió influencias para una medida favorable
A pesar de tener una primera medida cautelar favorable, la Universidad Nacional de Salta sufrió ayer un embargo preventivo por alrededor de 8 millones 700 mil pesos. La casa de altos estudios apelará la decisión y sostienen que hay graves irregularidades por parte del juez Julio Bavio.
Desde fines del año pasado, hay una polémica con respecto a las vacaciones del ex rector de la Universidad Nacional de Salta, Víctor Claros. Antes de finalizar el 2021, el Consejo Superior aprobó el pago de la Licencias Anuales Ordinarias no tomadas y la liquidación final de haberes ante la jubilación como docente de Claros. Dicha resolución fue apelada debido a que aun era rector.
Tras haber sido derrotado en elecciones y haberse desvinculado efectivamente de la UNSa, Claros solicitó que se haga lugar a la resolución aprobada. Eso llevó a un nuevo debate en el Consejo, que nuevamente fue aprobado pero el instrumento fue observado por el rector. Sin embargo, en la sesión siguiente, el cuerpo deliberativo mantuvo la decisión de efectivizar el pago; aunque hubo una situación confusa con respecto a los votos afirmativos que se necesitaban.
Ante ello, el rector Daniel Hoyos declaró que ambas resoluciones (la del 2021 y la del 2022) corresponden a una lesividad contra la casa de altos estudios. De esta manera, la situación terminó en la justicia.
Hace dos semanas, el servicio jurídico universitario informó que se realizó una medida cautelar que suspende, hasta tanto se dirima la situación, las dos resoluciones aplicadas por el Consejo Superior. A pesar de ello, ayer las cuentas de la Universidad sufrieron un embargo preventivo por cerca de 8 millones 376 mil pesos, a los que se suman alrededor de 350 mil pesos en concepto de accesorios judiciales.
El secretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad, Sebastián Aguirre Astigueta, manifestó a Nuevo Diario que lo sucedido es un grave error del juez Julio Bavio, ya que incurre en una contradicción al suspender en primer lugar las resoluciones emitidas y luego utilizarlas como fundamento para trabar el embargo.
“Es una gravedad institucional inusitada porque un juez federal no puede dictar una medida tan contradictoria, o las suspende o las utiliza para fundamentar un embargo”, dijo.
Astigueta sostuvo que hay un vicio de ilegalidad ya que, hasta el momento, no procedieron medidas cautelares contra la Universidad ni tampoco es un organismo insolvente. Asimismo, remarcó que dicha decisión causa un gran perjuicio a la economía universitaria. El embargo se trabó sobre las cuentas tanto del Banco Patagonia como del Banco Nación.
El abogado explicó que los abogados del ex rector presentaron una medida autosatisfactiva que Bavio transformó en cautelar, algo que no se puede realizar. Ante la situación, aseguró que la Universidad apelará la decisión en la Cámara de Apelaciones y, llegado al caso, en la Corte de Justicia de Salta.
“Esto es a instancias de Claros. Tiene nombre y apellido esto, porque utilizó gente muy influyente en el Federal para hacer esto. La Universidad va a defender su patrimonio”, expresó.
Astigueta informó que a través del procedimiento normal al que acceden todos los trabajadores al desvincularse de la Universidad, el ex rector ya recibió más de un millón y medio de pesos en concepto de su liquidación final.
Además de este embargo, la UNSa se encuentra aún sin presupuesto 2022, con partidas prorrogadas del presupuesto 2021, ante el cambio de gestión y la falta de consenso.