Desde Salud piden a CEPRIDIASA garantizar la continuidad del servicio de diálisis
La cartera sanitaria reconoció la deuda con los centros privados, pero recordó que el convenio vigente prohíbe suspender las prestaciones “por ningún motivo”. Reafirmó su voluntad de pago y advirtió que podría accionar legalmente si se interrumpe la atención.
El conflicto entre los centros privados de diálisis y el Ministerio de Salud Pública de Salta sumó un nuevo capítulo. Tras el duro comunicado de CEPRIDIASA, que denunció una deuda de más de 1.300 millones de pesos y advirtió la inminente suspensión de tratamientos, la cartera sanitaria respondió formalmente mediante una nota enviada el 23 de octubre a la comisión directiva de la asociación.
En el documento, el Ministerio recordó que el convenio suscripto con CEPRIDIASA establece la imposibilidad de discontinuar el servicio por falta de pago, señalando expresamente que “el prestador se obliga a no discontinuar por ningún motivo la prestación de los servicios contratados durante toda la vigencia del presente contrato”.
“De la propia literalidad de tal cláusula resulta claro que los servicios comprometidos no pueden ser interrumpidos por ningún motivo, incluido la falta de pago o el retardo en el mismo”, sostiene el texto firmado por la cartera sanitaria.
La comunicación oficial surge luego de que la asociación manifestara públicamente su preocupación por el retraso en los pagos y solicitara al Ministerio que, en caso de no poder afrontarlos, disponga los mecanismos de contención y derivación para los 131 pacientes que dependen de los tratamientos en la provincia.
Reconocen deuda y ratifican voluntad de pago
El escrito ministerial admite la existencia de demoras, pero aclara que ya se comunicó la voluntad de cancelar los montos pendientes “en el corto plazo”.
Según el documento, esa decisión fue transmitida en reuniones presenciales con representantes de los centros, aunque “sin que exista respuesta favorable por parte de la asociación a la fecha”.
La nota también resalta que, en el marco de la relación contractual, ambas partes deben guiarse por los principios de buena fe, celeridad y continuidad del servicio, y que la obligación de mantener la atención de los pacientes es innegable.
“Guiados por el principio de buena fe, se requiere la no suspensión de servicios, todo ello bajo la reserva de este organismo de iniciar las acciones legales pertinentes que permitan garantizar la prestación adecuada de servicios esenciales”, advierte el Ministerio.
Conflicto abierto
Desde CEPRIDIASA, su vicepresidenta, Nora Marcheta, explicó a Nuevo Diario que los centros atraviesan una situación límite por la falta de recursos para cubrir los costos operativos y salariales. “No cortamos los servicios porque queremos. El financiador, que es co-responsable del tratamiento, no cumple con su palabra. No podemos seguir trabajando en estas condiciones”, dijo
La deuda, que incluye prestaciones impagas desde diciembre de 2024 y entre mayo y julio de 2025, compromete a los centros de diálisis de Salta Capital, Orán, Tartagal, Rosario de la Frontera, Metán, Joaquín V. González, Cafayate y Cerrillos, y podría alcanzar los 2.000 millones de pesos hacia fin de año si no se regularizan los pagos.
Mientras tanto, ambas partes mantienen canales de diálogo abiertos, aunque sin una solución concreta.
CEPRIDIASA insiste en la necesidad de un plan de pago sostenible, mientras que el Ministerio exige garantizar la continuidad de las prácticas en nombre del principio de buena fe contractual.
Un servicio vital en riesgo
El tratamiento de diálisis, que requiere personal especializado, insumos de alto costo y equipamiento constante, constituye una prestación esencial y vital para pacientes renales crónicos.
Por ello, tanto la suspensión como el desfinanciamiento representan un riesgo sanitario grave para toda la región.
El desenlace del conflicto dependerá ahora de la capacidad de acuerdo entre las partes y de la celeridad con que la Provincia logre destrabar pagos pendientes.