Desmienten irregularidades en subsidios otorgados a la Asociación Lhaka Honhat

El Gobierno de Salta desmintió la denuncia vertida por el portal Infobae, en base a la denuncia recientemente realizada por Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de subsidios a comunidades indígenas, señalando la falta de rendiciones de cuentas y controles sobre el uso de los fondos.

La denuncia involucra a la Asociación Lhaka Honhat, vinculada al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Departamento Rivadavia.

En respuesta, el Secretario de Asuntos Indígenas de Salta, Luis Gómez Almaraz, y la contadora Andrea Fiori, coordinadora financiera del Ministerio de Desarrollo Social, dialogaron con Nuevo Diario para aclarar la situación y rechazar categóricamente las acusaciones para el caso puntual de Salta.

La denuncia nacional: contexto y detalles

El pasado martes, Claudio Avruj, titular del INAI, informó sobre la presentación de una denuncia penal por presuntas irregularidades en el uso de subsidios destinados a comunidades indígenas en todo el país. Según la denuncia, se habrían otorgado más de 1.200 millones de pesos sin los controles necesarios, y parte de estos fondos habrían sido utilizados para pagar honorarios de abogados que litigaron contra el Estado. En el caso de Salta, la denuncia señala que el Ministerio de Bienestar Social de la provincia recibió 7.494.000 pesos para implementar la propiedad comunitaria en cumplimiento del fallo de la CIDH en favor de las comunidades indígenas de Lhaka Honhat. La auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) observó la falta de registros de reuniones con referentes indígenas, ausencia de informes de avance y la ejecución del convenio fuera del Programa de Fortalecimiento Comunitario. Este fallo histórico de la CIDH, emitido en 2020, obliga al Estado argentino a garantizar los derechos territoriales y acceso al agua potable de las comunidades indígenas en los ex lotes fiscales 55 y 14 del Departamento Rivadavia, donde residen comunidades Wichí y Chorote en situación de alta vulnerabilidad. La sentencia establece un plazo de seis años para su cumplimiento, incluyendo el saneamiento de tierras y desarrollo de infraestructura básica.

“No podríamos haber firmado un nuevo convenio si hubiera irregularidades”

Luis Gómez Almaraz, Secretario de Asuntos Indígenas de Salta, aseguró que los convenios firmados con el INAI responden a la obligación del Estado Nacional de cumplir con el fallo de la CIDH. “Este fallo condenó al Estado argentino a delimitar y desmarcar las 400.000 hectáreas que corresponden a las comunidades indígenas en los ex lotes fiscales 55 y 14, y a entregarles un título perfecto de propiedad comunitaria”, explicó. Gómez Almaraz detalló que desde 2020 han firmado varios convenios de colaboración con el INAI para instrumentar la propiedad comunitaria y dar cumplimiento a la sentencia, estableciendo plazos y condiciones estrictas para los desembolsos y rendiciones de cuentas. “Si no hay rendición, no hay segundo o tercer desembolso. La semana pasada firmamos un nuevo convenio con el INAI para continuar los trabajos de demarcación y relocalización de familias criollas, como parte del cumplimiento de la sentencia. No podríamos haber firmado un nuevo convenio si hubiera alguna rendición pendiente”, afirmó. El Secretario enfatizó que la provincia de Salta ha continuado cumpliendo con sus obligaciones a pesar de no haber recibido fondos de Nación en 2024. “Contratamos técnicos para no detener el trabajo, aún cuando estos fondos son responsabilidad del Estado Nacional. No somos ajenos a esta obligación porque el fallo de la CIDH no distingue entre Nación y Provincia, condena al Estado argentino”, sostuvo Gómez Almaraz.

Rendiciones aprobadas y transparencia en los fondos

Por su parte, Andrea Fiori, coordinadora financiera del Ministerio de Desarrollo Social, afirmó que “los convenios de 2022 y 2023 están totalmente rendidos en tiempo y forma”, y que no han recibido observaciones de la Auditoría o la SIGEN. “Incluso contamos con una nota aprobatoria del propio INAI sobre estas rendiciones. De no haber sido así, no habríamos podido avanzar en un nuevo convenio”, enfatizó. Fiori también explicó que informan trimestralmente al INAI y al área de Derechos Humanos, que a su vez notifican a la CIDH sobre el avance del cumplimiento de la sentencia. Además, destacó que la Asociación Lhaka Honhat, parte actora en el juicio ante la CIDH, no ha presentado ninguna objeción sobre el cumplimiento de los convenios. La contadora sostuvo que el trabajo en territorio incluye a técnicos del área jurídica, de georeferenciamiento y del área social, quienes trabajan con familias criollas y comunidades indígenas para lograr acuerdos en la relocalización de las primeras fuera del área reclamada por las comunidades originarias. “Este trabajo se viene realizando de manera pacífica, lo cual es lo más importante”, subrayó Fiori.

¿Una estrategia política contra los derechos indígenas?

Consultados los funcionarios provinciales sobre  si la denuncia podría formar parte de una estrategia política en un contexto marcado por la derogación de la prórroga de la emergencia en tierras indígenas por parte del presidente Milei que expone a las comunidades originarias a desalojos inminentes, generando preocupación y alerta, si bien Gómez Almaraz y Fiori no lo aseveraron, remarcaron que el fallo de la CIDH en el caso Lhaka Honhat contra Argentina, que constituye un hito histórico en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas

Asimismo, Fiori remarcó que, hasta el momento, no han recibido ninguna notificación oficial sobre la denuncia, más allá de las publicaciones en medios de comunicación. “Todo es a través de medios nacionales, y en las cuentas oficiales del presidente del INAI no se menciona ningún convenio relacionado con el cumplimiento del fallo de la CIDH en Salta”, observó.

El contexto político: derechos indígenas en riesgo

El contexto político actual en Argentina, marcado por la derogación de la prórroga de la emergencia en tierras indígenas y el cuestionamiento a los derechos de las comunidades originarias, genera preocupación entre los líderes indígenas y defensores de derechos humanos. La sentencia de la CIDH en el caso Lhaka Honhat contra Argentina representa un hito histórico en la defensa de los derechos indígenas, y su cumplimiento es crucial para garantizar la posesión y propiedad comunitaria de las tierras.