Despiden a municipales en Cerrillos por supuestos cobros y habilitaciones ilegales
La titular de la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Cerrillos, Gabriela Juárez, denunció amenazas y una campaña de desprestigio en su contra, impulsada, según afirmó, por un grupo de comerciantes y sectores políticos de la ciudad.
El conflicto se originó tras una serie de controles municipales que derivaron en clausuras y en la detección de presuntas irregularidades administrativas vinculadas con cobros no registrados y habilitaciones ilegales.
De acuerdo con la información brindada desde la Municipalidad de Cerrillos, las inspecciones realizadas por el área de Rentas revelaron más de un centenar de comercios con habilitaciones irregulares y pagos que no habrían ingresado a las arcas municipales. Juárez señaló que en algunos casos los expedientes presentaban documentación incompleta y que los derechos abonados no fueron registrados en el sistema oficial.
“El dinero iba a una cartera, no a Rentas”, expresó la funcionaria en declaraciones televisivas. Según explicó, el mecanismo habría consistido en cobros directos dentro del municipio por parte de empleados que desviaban el dinero antes de su registro.
La investigación interna permitió identificar a varios empleados municipales, algunos de los cuales ya fueron cesanteados. Las actuaciones fueron remitidas a la Justicia, que analiza documentación y testimonios vinculados con los supuestos desvíos.
El conflicto tomó estado público luego de que un grupo de comerciantes convocara a una protesta en rechazo a las clausuras de tres locales. Según la versión municipal, algunos de los convocantes tendrían antecedentes por irregularidades sanitarias, decomisos de alimentos en mal estado y ocupación ilegal de locales.
Desde la Municipalidad informaron que los controles continuarán y que el objetivo es regularizar la situación de los comercios.
“El municipio insiste en que no se trata de persecución política, sino de poner orden donde antes reinaba el vale todo. Pero el costo es alto: campañas mediáticas armadas, denuncias falsas y amenazas personales contra mi persona y ahora se la agarran con mi familia. Yo simplemente cumplo con mi trabajo”, señaló la funcionaria municipal en declaraciones a medios locales.
En los últimos meses se realizaron relevamientos en más de 240 locales, de los cuales aproximadamente la mitad ya habría completado el proceso de habilitación formal.
La causa judicial investiga presuntos cobros clandestinos, habilitaciones apócrifas y desvíos de fondos ocurridos durante gestiones municipales anteriores.