Detienen a wichís por querer denunciar a empresario agropecuario vinculado al desmonte
Mientras el monte nativo del norte salteño continúa siendo arrasado por el avance del desmonte ilegal, quienes intentan frenarlo vuelven a quedar en la mira.
La noche del miércoles, dos referentes de la comunidad wichí de Misión Chaqueña, Marta Herrera y Leonardo Pantoja, fueron detenidos cuando se acercaron a un destacamento policial para denunciar amenazas de muerte. La escena expone, una vez más, un patrón que se repite en Salta: el territorio es vulnerado, pero la respuesta del Estado recae sobre quienes lo defienden.
La detención se produjo cerca de las 23 horas, cuando ambos referentes acudieron a denunciar hostigamientos y amenazas que, según relataron, provenían de Claudio Ferrari, empresario señalado como responsable del desmonte ilegal que avanza sobre tierras comunitarias. Lejos de activar mecanismos de protección, la intervención policial derivó en el traslado de Herrera y Pantoja a la Fiscalía de Embarcación, sin notificación previa ni garantías claras.
El hecho se encuadra en la propia denuncia que los referentes habían ido a realizar. La orden fue dispuesta por la fiscal Gabriela Souto, cuya actuación generó un fuerte repudio comunitario al conocerse su vínculo de parentesco con el empresario denunciado. Para las comunidades wichí, este dato vuelve a poner sobre la mesa la estrecha relación entre poder económico, sistema judicial y fuerzas de seguridad en el norte provincial.
Desde hace meses, las mujeres wichí de Misión Chaqueña sostienen acampes, reclamos y presentaciones formales para frenar la tala del monte nativo. La defensa no es simbólica ni abstracta: el monte es alimento, medicina ancestral, algarroba para la harina, madera para artesanías y base material de la vida comunitaria. “No se trata solo de árboles. El desmonte no es progreso, es despojo”, repiten en cada movilización.
Según denunciaron las comunidades, Ferrari avanzó sobre el territorio con extensos alambrados —de entre cuatro y seis kilómetros— que restringen el acceso y profundizan el cercamiento sobre tierras ancestrales. La estrategia no es nueva: primero el alambrado, luego la tala, finalmente la expulsión.
A pesar de las denuncias reiteradas ante organismos estatales, la respuesta sigue siendo la inacción, mientras las topadoras continúan su trabajo. La violencia, advierten, se fue intensificando. Las amenazas de muerte se volvieron cotidianas y el hostigamiento se dirige especialmente contra quienes registran con fotos y videos lo que ocurre en el territorio. En ese contexto, la detención de dos referentes no aparece como un hecho aislado, sino como un mensaje disciplinador hacia toda la comunidad.
Las denuncias suman un dato aún más grave: durante las manifestaciones, efectivos policiales habrían amenazado con ingresar a la comunidad para detener a más personas. La advertencia encendió la alarma en todo el territorio y reavivó el reclamo por la ausencia de organismos estatales que deberían intervenir en la protección de los derechos indígenas, como Asuntos Indígenas o el IPPIS.
Las comunidades wichí reclaman la liberación inmediata de las personas detenidas, el cese del desmonte ilegal y el respeto efectivo de sus derechos territoriales, reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.